En este 20 de julio, destinado a conmemorar las hazañas y sacrificios de los próceres civiles de la Independencia de Colombia, se cruzan acontecimientos de muy diversa naturaleza. Desde los actos de terrorismo de ultramar, tal la masacre de alrededor de ochenta personas en la risueña y refinada ciudad francesa de Niza, o casos episódicos como los ocurridos en Estados Unidos, hasta signos de civilización y paz como los estimulantes que se han dado en nuestro propio suelo.
La luz verde de la Corte Constitucional al plebiscito para someter al juicio de los colombianos los acuerdos de paz y reconciliación con las Farc y el umbral del 13 por ciento marcaban ya un hito histórico en las relaciones con esa fracción subversiva. De hecho, lo eran de este estilo el cese bilateral del fuego y el compromiso de entregar las armas a la Organización de las Naciones Unidas para su ulterior conversión y fundición en figuras alusivas de acero.
Quizá estos pasos rememoren los que se dieron en l957 para reconstruir el régimen democrático de leyes, a raíz del derrocamiento de la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla. El doctor Carlos Lleras Restrepo, quien obraba bajo la batuta del director a la sazón del Partido Liberal, Alberto Lleras, tuvo a bien invitarme a recorrer el Tolima y parte de Santander, en gira de promoción de las reformas constitucionales. No faltaban, por cierto, los focos de violencia, como el que estalló en Mariquita la noche anterior a nuestra llegada al Líbano, donde amablemente nos alojaron en casa del parlamentario Alfonso Jaramillo y de su señora, Hilda de Jaramillo, ella también de reconocido liderazgo político.
En la presente ocasión no se encuentra abocada Colombia a reconstruir su sólido régimen de leyes, sino a abrir cupo en su Estado social de derecho a fuerzas subversivas que han querido acogerse a sus garantías y opciones, tras largas negociaciones con la institucionalidad democrática. Todos los pasos que se han venido dando conducen a este objetivo, no sin tires y aflojes, no sin concesiones para acercar a las partes. Con algunas de ellas mantienen fuertes disentimientos franjas importantes de la opinión pública colombiana. Cabe reconocerlo y advertirlo.
Por supuesto, abogar en favor del sí en el plebiscito es deber de conciencia de todos los ciudadanos que quieran sembrar semillas de paz y convivencia democrática, en un país llamado a cancelar motivos de odio y a prohijar avenimientos en todos los niveles y estratos. No cabe perder la esperanza de que las agrupaciones adictas al senador Álvaro Uribe Vélez reflexionen y con él acepten modificar sus actitudes de disentimiento radical. Tampoco nos gusta el umbral del 13 por ciento, ni lo creemos indispensable para el éxito de la consulta plebiscitaria. Más fe tenemos en la lucidez de los pronunciamientos de la consulta popular.
Pero compartimos o compartíamos la preocupación de que prosperaran los cultivos de coca a la sombra del narcotráfico, hipótesis disuadida por el presidente de la delegación gubernamental en La Habana, Humberto de la Calle, quien niega categóricamente que la Jurisdicción Especial de Paz le haya reconocido carácter político al narcotráfico. Por el contrario, se ha empezado a sustituir esa clase de cultivos en Briceño, municipio del departamento de Antioquia, con no poca fanfarria. Y es de esperar que igual criterio se aplique a los vastos cultivos del Catatumbo, donde dan la sensación de constituir el modo principal de vida de la gente campesina.
Nunca se deplorará suficientemente haber suspendido y prohibido las aspersiones aéreas con un producto que había demostrado su eficacia o por esta misma razón. En todo caso, tranquiliza y complace que se haya cerrado la puerta al narcotráfico, destapando y recordando su condición de crimen contra la humanidad.
