Se volvió moda despotricar contra la justicia y poner de chivo expiatorio a la Constitución como causa de los males que aquejan hoy al país. Si bien la justicia adolece de fallas estructurales, no puede seguirse sosteniendo que solo reformando la Constitución la justicia se va a transformar. Es una fácil forma para evadir la responsabilidad de iniciar ya la reforma que el país reclama, sin más excusas. Menos agua sucia y más propuestas de reforma para la justicia.
La reforma de la justicia no se hará por arte de magia, sino con gente de carne y hueso, con los pies en la tierra y la Constitución en la mano. Sí es posible hacer la esperada reforma dentro de la Carta, si esta se respeta, cumple, aplica y desarrolla. Quienes ayer la maltrataban se rasgan hoy las vestiduras porque la búsqueda de la paz estaría violentando el espíritu de la Carta del 91. Condenan supuestos poderes constituyentes en La Habana, pero se le hace el juego a la guerrilla ambientando inoportunas constituyentes, propicias para el extremismo. Pero olvidan que la paz es el espíritu inmortal del actual texto constitucional. Una paz que sin justicia será insostenible, vacua y efímera.
Nada es hoy más importante –como lo ha dicho la Corporación Excelencia en la Justicia– que la recuperación de la dignidad de la justicia. El regreso de la credibilidad y la confianza ciudadana, tanto en las instituciones judiciales como en las decisiones de los jueces. La legitimidad del sistema depende de la posibilidad de que opere con eficacia, de obtener una respuesta en un tiempo razonable y cuando la decisión sea efectiva para la persona. Lo demás es una burla inaceptable a la ciudadanía.
Además de los graves problemas de acceso y de inseguridad jurídica, hay dos asuntos que lesionan su efectividad. En materia de TIC, por ejemplo, no obstante los recursos destinados, pareciera que los intentos de sistematización de la justicia apostaran siempre a grandes inversiones acompañadas de misteriosas equivocaciones en materia de nuevas tecnologías. El expediente electrónico, el litigio on line, los consultorios jurídicos virtuales son ya realidades de otros países que por aquí siguen siendo ciencia ficción. Los sistemas dentro de la Rama no se comunican entre ellos, en una torre de Babel informática lamentable. Hay que cambiar el chip para entrar por la puerta de la modernidad y salir del sótano polvoriento donde hoy vegetan los expedientes y las expectativas de cambio.
Es hora, además, de responsabilizar también a las facultades de derecho por el tipo de abogados que están formando. Se necesitan abogados y jueces para la paz en un país que exige derecho y justicia en épocas de posconflicto. Esa Colombia profunda reclama, como en el caso de los médicos, implantar una judicatura rural obligatoria al servicio de los 667 municipios que ha priorizado la Misión Rural. La geografía judicial de Colombia poco interesa a facultades que actúan fuera de un mapa de justicia que huele a tierra, campo, abandono y pobreza.
Los nuevos escenarios territoriales que se abren en el horizonte de la paz deben estar protagonizados por la presencia del Estado, en cabeza de un juez líder en la transformación de lo rural. En el marco de un gran diálogo nacional sobre la justicia, los retos de la justicia local deberán ser la contraparte del debate sobre la jurisdicción especial de paz. Son dos caras de la misma moneda en las que se juega la suerte de la otra Colombia.
No hay derecho. La nueva privación de la libertad de Andrés Camargo constituye una especie de ensañamiento de un sistema cuyos parámetros de justicia son inexplicables.
FERNANDO CARRILLO FLÓREZ
@fcarrilloflorez
