En Colombia, entre enero del 2015 y marzo del 2016, 605 profesores de colegio han recibido algún tipo de amenaza, según cifras del Ministerio de Educación. Las intimidaciones provienen de estudiantes, bandas delincuenciales y criminales, e incluso de actores cercanos al entorno escolar.
En su orden, los cinco lugares del país en los que más hubo docentes en esta situación fueron Bogotá (175 en 2015 y 48 en 2016), Nariño (49 en 2015 y 21 en 2016), Medellín (31 en 2016), Magdalena (29 en 2016) y Caquetá (22 en 2016).
Para Jorge Ramírez, de la dirección de Derechos Humanos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), en los últimos años las dinámicas de los victimarios han cambiado.
Hasta hace unos años –recuerda–, los profesores que trabajaban en zonas en conflicto eran blanco de amenazas provenientes de la guerrilla o los paramilitares. Ahora, afirma, la mayoría de las denuncias registradas provienen de maestros que quieren detener el microtráfico de drogas que se mueve en el entorno de las instituciones, por lo que acaban intimidados por bandas criminales y delincuentes.
También reciben amenazas de algunos padres de familia que no están de acuerdo con la forma como corrigen a sus hijos o como los califican; en algunas ocasiones también se han presentado denuncias de supuestos casos de maltrato y abuso de algunos educadores contra estudiantes que estarían siendo victimizados.
Según Karina Ricaurte, subsecretaria de Gestión Institucional de la Secretaría de Educación de Bogotá, en esta ciudad, “las intimidaciones por parte de los padres de familia son en un muy bajo porcentaje y la mayoría, provienen de los entornos escolares”.
Además, la funcionaria aseguró que los casos están concentrados en las localidades de Usme, Bosa, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe, todas ubicadas en el sur de Bogotá.
En Nariño, a los docentes no solamente los amenazan y los desplazan, sino que también los extorsionan, según indicó Doris Mejía, secretaria de Educación departamental.
Para las autoridades educativas, la situación ha empeorado en la zona del Pacífico y en la cordillera Occidental.
“Producto de estas amenazas, no han asesinado a los docentes pero sí a uno o varios de sus familiares”, denunció Mejía.
Debido a la situación, en lo corrido de este año, de los 21 casos registrados, 11 de los docentes amenazados en Nariño tuvieron que ser reubicados temporalmente.
Magdalena es otra región afectada por las intimidaciones a los educadores.
Eduardo Arteta, secretario de Educación del departamento, coincide con su colega nariñense en que se han presentado casos en los que los familiares son quienes pagan las consecuencias.
Pagan los familiares
“Hemos visto situaciones en las que no solo asesinan a uno, sino a varios de los familiares de los maestros. El peor caso lo tuvimos hace cuatro años, cuando a un docente le arrebataron la vida tras ser amenazado”, narró Arteta.
Las quejas de los docentes en esta situación también llegan a la Defensoría del Pueblo, que este año ya ha evaluado 33 casos de educadores amenazados, de los cuales 23 tenían un nivel de riesgo extraordinario. Sin embargo, la entidad ha registrado 27 denuncias menos este año. Las regiones con mayor número de casos reportados ante la Defensoría del Pueblo durante los primeros cinco meses del 2016 han sido Cauca (10 amenazados), Antioquia (4), Nariño (4), Huila (3) y Putumayo (3).
Además, entre la totalidad de quejas por amenazas de este año, ya hay 11 casos en los cuales el ultimátum ha sido de muerte para los docentes. Y cuatro educadores han recibido el estatus de ‘personas protegidas’.
No obstante, no todos los secretarios coinciden en que los docentes estén siendo amenazados por cuestiones relacionadas con el conflicto armado o grupos delincuenciales, sino que en algunas ocasiones, se trata de la búsqueda de traslados.
Fener de los Ríos, secretario de Educación de Caquetá, dice que él mismo ha identificado casos en los que los docentes no están en riesgo real sino que acuden al reporte de la situación para lograr un desplazamiento para favorecer su situación.
“Tuvimos un caso en San Vicente del Caguán de un maestro que dijo que la guerrilla seguía cobrando vacunas y luego cambió su versión. Lo que realmente quería era irse para Neiva (…) De los casos que he visto este año, ninguno ha sido por grupos armados”, afirmó el funcionario.
Jorge Ramírez, de Fecode, insiste en que la situación denunciada por De los Ríos se trata de un número muy reducido de casos y que la mayoría sí corresponden a bandas asociadas con microtráfico o a grupos armados.
LAURA AGUILERA JIMÉNEZ
Redactora de EL TIEMPO
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