Entender el inicio de la existencia legal de las personas no desde el nacimiento sino desde la concepción es la solicitud que le extendió la Procuraduría a la Corte Constitucional a través de un reciente comunicado en el que pidió anular la sentencia C-327 del 2016.
Según el Ministerio Público, en su fallo la Corte erró al declarar exequible el artículo 90 del Código Civil, pues desconoció los puntos de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos que establecen que “persona es todo ser humano”, y que exige respetar la vida humana “en general desde el momento de la concepción”.
En la sentencia la Corte decidió sobre una demanda contra el aparte del Código Civil que dice que la existencia legal “principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre”.
Los demandantes sostenían que aparte de violar los tratados internacionales, esa norma “permite que sea tratada la persona humana como objeto, ya que la vida no se inicia con la concepción, retirando así la dignidad de todo humano concebido”.
Sin embargo, la Corte respondió que la determinación de la existencia legal de la persona desde el nacimiento “no viola el deber de protección de la vida desde la concepción, establecido en el artículo 4.1. de la Convención Americana, ya que la vida como valor es un bien constitucionalmente relevante, pero no tiene el mismo grado de protección que el derecho a la vida”.
Así mismo, aseguró el tribunal que la vida antes del nacimiento no ostenta la titularidad del derecho a la vida, y con ello la determinación de la existencia legal de la persona desde el nacimiento “no viola esta garantía, por lo que se encuentra ajustada a los parámetros constitucionales”.
Sobre la aplicabilidad del derecho internacional, el fallo asegura que “esta Corporación también ha dicho que el alcance de estas decisiones en la interpretación de los derechos fundamentales debe ser sistemático, en concordancia con las reglas constitucionales, y que además cuando se usen precedentes de derecho internacional como criterio hermenéutico se deben analizar las circunstancias de cada caso particular para establecer su aplicabilidad”.
A pesar de ello, el Ministerio Público insistió en su comunicado en que la Corte incurrió en violaciones del debido proceso por desconocimiento “de asuntos de especial relevancia constitucional, pues omitió confrontar la norma legal demandada con el artículo 1.2. de la Convención”.
La Procuraduría dice que el debate es la existencia legal de las personas y no la protección del derecho a la vida del bebé que no ha nacido, que es a lo que se refirió la Corte en su decisión.
Por eso, el ente de control afirma que si la Corte Constitucional hubiera tenido en cuenta su concepto, el fallo habría tenido un sentido diferente. “La discusión no debía versar sobre la protección del derecho a la vida, sino sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica del no nacido”, dice la Procuraduría.
El Ministerio Público señaló, teniendo como precedente el caso de Atravia Murillo vs. Costa Rica, acogido por la Corte Constitucional, que la persona comienza con la implantación del óvulo fecundado en el útero de la mujer, momento que la Convención definió como “concepción”, y desde ese período se aplica el artículo 4.1 de la Convención.
Por ello insistió en que además de ser una inconsistencia, “estas razones demuestran la configuración de la causal de nulidad de la sentencia al eludir un asunto de relevancia constitucional que llevó a un desenlace diferente de la acción”.
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