A pesar de que las autoridades condujeron este martes a 221 habitantes de la calle a centros de rehabilitación y albergues, y capturaron a seis ‘sayayines’ que les vendían psicoactivos en La Estanzuela, el drama de los habitantes de la calle se mantuvo.
Los resultados de la intervención, que se llevó a cabo este martes en la madrugada, en la calle 9.ª con carrera 17, no duraron mucho tiempo. Los residentes de la zona agradecieron el trabajo, pero el operativo fracasó porque la población vulnerable se trasladó a la calle 11 con carrera 16. “Llegaron más todavía a esa zona del barrio. Esos operativos son como una mesa de pimpón, los corren a un lado y luego se devuelven. Se recuperó una cuadra pero se dañó la otra”, dijo una de las residentes en el sector.
No todo fue malo. La Policía de Bogotá capturó a los ‘sayas’, condujo a los habitantes de la calle, entre los que había diez menores de edad; incautó más de 600 dosis de estupefacientes e incluso encontró una granada de fragmentación IM-26 en una de las edificaciones allanadas.
“Los jíbaros residían en viviendas de 25 cuartos cada una, lo que les permitía albergar a los adictos a las drogas para proporcionarles estupefacientes y así usarlos de escudo para trabajar en negocios ilícitos”, indicó el coronel William Eduardo Sánchez, comandante (e) de la Policía en Bogotá.
De hecho, el mismo oficial indicó que los ‘sayas’ les estaban regalando las dosis de droga para evitar que abandonaran el sector y seguir con sus negocios ilegales. Pero se demoraron más en judicializar a los seis ‘sayayines’ que los habitantes de la calle en regresar a La Estanzuela, y todo, según la comunidad, por la limitación que tienen las autoridades por la sentencia T-043 de 2015 de la Corte Constitucional que señala que las intervenciones terapéuticas para esta población no pueden ser forzadas, por lo cual no los pueden obligar a entrar a rehabilitación o impedirles volver a las calles.
“Con la Secretaría de Integración Social los invitamos a que se vayan para los centros de rehabilitación, pero estamos limitados porque no los podemos llevar obligados. Esto es un tema que le corresponde también solucionar al Gobierno Nacional”, explicó Wilson Díaz, alcalde local de Los Mártires.
“Nosotros somos conscientes de la intención y de la acción de la Policía, pero como hoy en día la ley los limita, la tarea queda a medias, pero no es por negligencia de ellos”, indicó Carlos Barriga, el presidente de la Junta de Acción Comunal de La Estanzuela.
Por eso, estas personas le piden a la Corte Constitucional que revise su sentencia porque el problema de la llegada de los habitantes de calle continuará en su sector y no habrá cómo controlarlo. “El dilema es que solo los que acceden a iniciar un tratamiento de rehabilitación son los que se mueven; los otros no y ellos son los que deambulan por las calles. Hoy quedaron otros 100 en el sector”, agregó Barriga.
Ante este panorama, Hugo Acero, quien fue subsecretario de Seguridad y Convivencia en la primera administración de Enrique Peñalosa, afirmó que en este tire y afloje el único que no se puede rendir es el Distrito. “El padre Javier de Nicoló decía que se debía mantener una política permanente en la que esta población no vea la calle como un sitio atractivo para volver”, afirmó.
Acero señaló que por esta razón se deben mantener los operativos, porque no será un problema que se solucione de la noche a la mañana. Agregó que con unos operativos constantes, los habitantes de la calle entrarán a tratamientos de rehabilitación o terminarán marchándose de la capital. “La Corte Constitucional, guste o no, tiene razón, porque si a una persona la internan contra su voluntad, habría un secuestro”, concluyó.
BOGOTÁ