Gran parte de la discusión acerca de los diálogos de paz ha girado en torno a si lo que se firme es compatible con las nuevas realidades del derecho penal internacional. Asimismo, tampoco han faltado debates respecto a si el contenido de los puntos sobre los que ya se han alcanzado acuerdos ha sido fiel al espíritu de la Constitución. Que no exista margen de duda en estos terrenos es fundamental, por supuesto, pero no lo es menos saber si el resultado de cuatro años de diálogos entre las Farc y los negociadores del Gobierno tiene o no el aval de los colombianos.
Tal interrogante, hasta hoy, sigue abierto. Y hay que añadir que por razones relativas a la metodología escogida por las partes –marcada por el hermetismo, en especial en relación con lo que se refiere a la letra menuda de lo ya firmado–, un porcentaje muy alto de colombianos todavía no tienen claro qué es lo que ha pasado en la isla y cómo lo que de allá salga repercutirá en sus vidas. Una carencia de información que ha dado pie, hay que decirlo, a un amplio repertorio de versiones que sin mayor fundamento pretenden informar sobre lo pactado y que a estas alturas ya han hecho carrera.
Por eso, la decisión tomada el lunes por la Corte Constitucional de declarar exequible la ley que permite al pueblo colombiano decidir si avala o no los acuerdos de paz con la guerrilla de las Farc a través de un plebiscito, con unas reglas de juego excepcionales, hay que verla, ante todo, a la luz de la necesidad sentida de que la gente sepa, de primera mano, sin filtros ni sesgos, qué es lo que se ha acordado para después asumir una posición de aprobación o rechazo. Este paso es fundamental y por eso, entre otras razones, es afortunada la decisión del alto tribunal.
En el mismo orden de ideas, el reto ahora para todos los involucrados –el Gobierno, las mismas Farc y quienes asuman las banderas de la campaña por el no o por la abstención– es que la contienda tenga lugar en un marco de respeto, de disposición para la deliberación. En un ambiente propicio para el intercambio sereno de argumentos antes que para el cruce de dardos y arengas. Fundamental es también que la hipérbole y la caricatura no sean el lenguaje de la campaña. Sobra decirlo, el Consejo Nacional Electoral debe propender hacia la igualdad y el respeto a las normas que la ley, incluida la que acaba de recibir el aval de la Corte, ha establecido.
El siguiente escalón en el camino hacia la paz tiene que ver, pues, con una efectiva divulgación de los acuerdos, que estos le lleguen a la mayor cantidad de colombianos posible. Se trata de que los ciudadanos, en su autonomía, tomen una decisión informada, basada más en el análisis que en la manipulación tanto de temores como de anhelos.
Este último aspecto es crucial. Los colombianos merecen que se les informe en clave de veracidad sobre los distintos escenarios que pueden resultar tras la votación. Si ha de plantearse un acuerdo sobre lo fundamental, debería ser en esta dirección.
Por lo pronto, el llamado es a tener clara la importancia de esta instancia. Para el anhelo de paz, sin duda, pero sobre todo para reafirmar, con hechos más que con palabras, que en Colombia existe una democracia y que goza de excelente salud.
editorial@eltiempo.com