Sobre la justicia especial para la paz, pactada entre el Gobierno y las Farc en el proceso de La Habana, se han tejido distintas versiones respecto a su aplicación para los agentes del Estado.
Por eso, las Fuerzas Militares han venido trabajando desde la Jefatura de Apoyo a la Justicia Transicional –que responde directamente a la Subjefatura del Estado Mayor Conjunto de Fortalecimiento Jurídico– en brindar a sus miembros seguridad en relación con lo acordado en Cuba el 15 de diciembre pasado.
En este punto acordado en la agenda emprendida hace cuatro años, se creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el fin de establecer responsabilidades de excombatientes y civiles que participaron directa o indirectamente en las confrontaciones; la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, dentro de un sistema integral para llegar a la verdad de lo sucedido en 52 años de conflicto armado en el país.
La coronel Sandra López, abogada que encabeza esa oficina de la Fuerza Pública, aclara los cuatro grandes mitos de este modelo y destaca los lineamientos fijados, tras este acuerdo histórico, por los ministros de Defensa, Luis Carlos Villegas, y de Justicia de la época, Yesid Reyes, para su aplicación en el caso de los militares.
1.¿Habrá impunidad para agentes del Estado?
Ante las críticas que indican que este modelo implicará impunidad de los delitos graves cometidos durante el conflicto, la coronel dice que los castigos previstos, más beneficiosos que los ordinarios, estarán condicionados a que se conozca la verdad de los hechos, se repare a las víctimas y se brinden garantías de no repetición. “En todo caso, las sanciones contempladas cumplen los estándares del derecho internacional humanitario”, puntualiza.
2. ¿Esta justicia sustituye la Constitución?
Mientras críticos de las negociaciones aseguran que la JEP conlleva la supresión o sustitución de disposiciones constitucionales, la Fuerza Pública sostiene que esa afirmación es equívoca, pues será un sistema judicial de carácter transitorio para dar un tratamiento especial a quienes no sean responsables de delitos atroces y sancionar a quienes sí lo sean. Destacan que así sí se cumplirán los mandatos sobre la administración de justicia.
3. ¿La JEP tendrá la última palabra?
Frente a las especulaciones sobre la incertidumbre que se generará tras la aplicación de la justicia transicional debido a eventuales reaperturas de procesos, la coronel López afirma que las decisiones del Tribunal Especial para la Paz, cabeza de este modelo transicional, sí harán tránsito a cosa juzgada. Así, sus decisiones solo podrán ser invalidadas o dejadas sin efecto por el mismo Tribunal.
4. ¿Se revisarán las condenas?
La Jefatura de Apoyo a la Justicia Transicional de la Fuerza Pública aclara que las condenas dictadas por la justicia ordinaria en contra de militares sí serán objeto de revisión por la JEP, al contrario de los malentendidos sobre lo pactado. Estas condenas por hechos relacionados con el conflicto armado podrán ser homologadas o revocadas si se comprueba que no existió el hecho o si la sentencia ostenta un error manifiesto.
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