No obstante que la Corte Constitucional (CC) existe, fundamentalmente, para autorizar o negar la vigencia de la normativa superior del Estado según se halle, o no, conforme a la Constitución Política (CP); y aunque muchos conocedores de la materia lo prevean con sólida fundamentación jurídico-política, es alarmante la frecuencia con que la CC ‘tumba’, en todo o en parte, normas relativas a la Rama Judicial (RJ). Pero más preocupante aún es que el Congreso (donde mal se originan) y conocidos medios radiales, al instante reciban los fallos con gritería apocalíptica, vociferando acres censuras a la CC, como ha ocurrido ante el fin de la ‘catalepsia’ en que estuvieron la Sala Administrativa de la Judicatura y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. ¿Y lo que falta?
Entonces trepidan severas condenas y demandas de responsabilidad por la ‘tragedia’ del momento a funcionarios gubernamentales; congresistas surtidos, posando de expertos juristas, despotrican iracundos contra los jueces ‘intocables’, la ‘dictadura’ de los togados, la ‘flagrante usurpación’ de atribuciones del constituyente derivado, la ‘impudicia’ y el ‘prevaricato’ de la CC. Y llegan hasta a exigir “con urgencia inmediata” una constituyente ¡para que ella sí reforme, a fondo, la justicia!
Pero ya se sabe que superado cada estropicio emocional de los parlamentarios, en la nueva legislatura, y siempre, ellos reincidirán orondos y sin entender: a) que un acto legislativo para reformar la CP no se parece en nada a una ley de honores, peajes en carretera o licencias taurinas; b) que ni aun por ignorancia crasa dispensada por buena fe puede el Congreso sustituir la CP; c) que el trámite reformatorio de la CP es en extremo riguroso en letra y espíritu; d) que la CC no ‘tumba’ leyes y actos legislativos por intereses personales, solidaridad corporativa, pasiones banderizas, poderes omnímodos, revanchismo o ínfulas para alzarse “soberana” sobre la institucionalidad del Estado de derecho.
Así muchos congresistas, altos empleados públicos, resabiados exburócratas y locutores de amplia difusión lo duden, es incontrovertible que la CC representa la más certera conquista de la CP del 91 en cuanto garante de los derechos de los colombianos y salvaguarda, contra los embates más duros, de la normativa superior regente del sistema democrático que gobierna el discurso de la Nación, todo lo cual pone a prueba en el control constitucional que ejerce y que no puede soslayar a ningún pretexto.
¿Que la CC amerita reparos de forma y aun de fondo en el despacho de sus atribuciones? Puede ser. Pero, a un lado la vergüenza que para tan alta corporación y para toda la RJ ha significado la desdorosa conducta del señor Pretelt, es incuestionable que tras 25 largos años de labores la CC sigue fallando, con altura de miras, solo en guarda del orden jurídico que pretende, y exige con firmeza, irrestricto apego a las directrices de la CP.
Termino: las ‘caídas’ en la CC, que tanto alboroto partidista y mediático generan, solo son achacables al prurito congresal por meter la mano en una CP que no requiere más normativa, sino adecuada aplicación de la muy completa ya vigente; a los parlamentarios ansiosos de figuración como ‘reformadores’ de una ciencia que, puesto que desconocen, atropellan de manera grave; al subido tono (Palomas, Rangeles, Claudias, Andrades...) de feroces diatribas que no suplen la falta de academia; o sea, a la artesanía politiquera del Congreso, distante años luz de la dialéctica jurídica inherente a la CC, qué le vamos a hacer.
Víctor Manuel Ruiz
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