La operación Relámpago Rojo fue concebida en el seno de la Fuerza Pública como la estrategia para asegurar los acuerdos suscritos con las Farc en la mesa de negociaciones de La Habana y como la herramienta de presión para llevar al Ejército de Liberación Nacional (Eln) a buscar una salida negociada del conflicto armado interno.
Con esta guerrilla, la segunda del país, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos mantiene diálogos “exploratorios” desde enero del 2014, con el fin de iniciar un proceso de paz similar al de las Farc. Sin embargo, el inicio de unos diálogos públicos se ha visto frustrado porque continúa con la práctica del secuestro, pese a los llamados del Ejecutivo para que cese con ese flagelo. (Lea también: La misión de las Fuerzas Militares en el posconflicto)
Relámpago Rojo vio la luz en agosto del 2015, en el marco del Plan de Guerra Espada de Honor IV, que dio como resultado las muertes en operaciones de ‘Raúl Reyes’ (marzo del 2008), el ‘Mono Jojoy’ (septiembre del 2010) y ‘Alfonso Cano’ (noviembre del 2011), máximo jefe de las Farc.
Y a menos de un año de haberse puesto en marcha, ha logrado abatir a 69 guerrilleros del Eln, entre ellos diez cabecillas regionales; 457 capturas, 185 desmovilizados y seis menores de edad recuperados.
Uno de los guerrilleros dados de baja durante Relámpago Rojo fue Jairo Agudelo Ortiz, alias Mono Wílder, cabecilla de la compañía ‘Lucho Quintero’, que operaba en Timbiquí, en el Cauca.
‘Mono Wílder’, con 18 años en el Eln, fue quien el 30 de mayo de 1999 dirigió el secuestro de 121 personas de la iglesia La María, en el barrio Ciudad Jardín de Cali, y el secuestro masivo de otros 94 ciudadanos en los restaurantes La Cabaña y El Balcón, en la capital vallecaucana.
Igual suerte sufrió alias Franklin, que llegó al Eln en 1998 y diez años después ya era el cabecilla del frente Resistencia Cimarrón, con presencia en Alto Baudó y Quibdó, en Chocó.
Durante los 21 años que duró en esa guerrilla, el también conocido como el ‘Mocho’ se dedicó al secuestro de funcionarios públicos, como el del alcalde de Alto Baudó en diciembre del 2014; la muerte de varios líderes indígenas e incluso el desplazamiento de comunidades enteras, como el que realizó con los habitantes de Regadero, también en Chocó.
La guerrilla del Eln, surgida en 1964, inspirada en la Revolución cubana, y que tuvo entre sus integrantes a los sacerdotes Camilo Torres y Manuel Pérez, cuenta con cerca de 1.300 hombres en los frentes Norte, Oriental, Nororiental, ‘Jesús Darío Ramírez Castro’, Occidental, Suroccidental y Urbano. (Además: Mujeres siempre han querido ser parte de la Fuerza)
En Relámpago Rojo participan de manera conjunta las distintas fuerzas que conforman las Fuerzas Militares y la Policía, las cuales disponen de tecnología avanzada, y su accionar ha retumbado en 46 campamentos desmantelados, uno de ellos dedicado al procesamiento de cocaína.
Las acciones realizadas dentro de la estrategia contra Eln también han permitido la recuperación de más de 2.589 unidades de material de intendencia, 448 aparatos de comunicaciones, como radios, celulares y dispositivos electrónicos; la incautación de 2.256 artefactos explosivos, 190 fusiles, un fusil antiaéreo, 2.874 detonadores, 84.000 municiones y armamento de corto alcance.
El carácter humanitario
La operación Relámpago Rojo tiene el resplandor y el poder de una operación contundente de fuerzas, pero al mismo tiempo preserva el carácter humanitario que le ha permitido arrebatarle a la guerra los niños y desmovilizados para devolverlos a las familias y a la sociedad que nunca debieron abandonar.
Varios son los ejemplos que muestran que, a pesar de la dureza de la guerra, esta operación contempla un componente humanitario, apoyado en conceptos como la prevalencia del derecho fundamental a la vida, los derechos de los niños y las normas del Derecho Internacional Humanitario. (Lea también: Las Fuerzas Militares están listas para la paz)
De hecho, en una reciente acción en el Magdalena Medio, enmarcada en Relámpago Rojo, alias Niño, cabecilla del frente Héroes y Mártires de Santa Rosa, utilizó como escudo a menores de edad reclutados en sus filas, hecho que obligó a las unidades militares procurar primero la recuperación de esos jóvenes.
La persecución de este guerrillero terminó, finalmente, con su abatimiento y con la captura de cuatro subversivos más, además de la recuperación y entrega de tres menores de edad al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Bucaramanga.
Otro tanto se logró en operaciones realizadas en medio de la inclemencia de las selvas chocoanas, donde un ciudadano secuestrado fue liberado. En esa acción se recuperaron dos menores de edad y se desmovilizaron siete guerrilleros, que ahora tienen la posibilidad de reconstruir su proyecto de vida y sumarse a los 518 que se han acogido este año a la segunda oportunidad.
De ahí que para las Fuerzas Militares y la Policía, la operación Relámpago Rojo lo que busca es que la gente en las regiones esté tranquila, que pueda trabajar, que nadie los amenace, los expulse de sus tierras o se lleve sus hijos.
Esas condiciones de seguridad le permitirán al Estado entrar con sus programas de asistencia, apoyo, desarrollo e inversión, para estabilizar las economías locales, permitir el derecho al trabajo en actividades productivas lícitas y que el último día de operaciones sea cuando se logre un acuerdo definitivo de paz con el Eln.
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