La cárcel Modelo y una masacre incierta durante tres años

La cárcel Modelo y una masacre incierta durante tres años

Fiscalía, CTI y la Dijín buscan determinar el número de muertes y desapariciones en el penal.

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18 de julio 2016 , 10:42 p.m.

La magnitud de la masacre ocurrida en la cárcel Modelo de Bogotá entre 1998 y el 2001, cuando paramilitares y guerrillas controlaban la mayoría de ese penal, sería mucho mayor de lo que hasta ahora se contemplaba.

Esa es la hipótesis que guía la investigación de la Fiscalía sobre esos años de terror. Hasta ahora, se tenían indicios de que los asesinatos y desapariciones de internos habrían pasado el centenar de casos. Pero el CTI encontró registros de decenas personas que entraron como visitantes a La Modelo y no volvieron a salir, al menos en los registros del Inpec.

Ahora se trata de determinar, con los videos de la época y siguiendo los datos registrados en la guardia, la suerte de esos visitantes. La Fiscalía no descarta que, como ocurrió en la cárcel de La Catedral en tiempos de Pablo Escobar, los crímenes de La Modelo no se limitaron a los internos de ese temido sitio.

El punto de partida de la investigación fue el caso de la periodista de EL TIEMPO Jineth Bedoya, secuestrada en la entrada de La Modelo en mayo del 2000 en un complot en el que, según la justicia, participaron paramilitares, guardianes del Inpec y miembros de la Fuerza Pública. Bedoya, que para la época trabajaba con El Espectador, había publicado una serie de investigaciones sobre el poder de los paramilitares en La Modelo y las desapariciones de internos.

Hace una semana, la Fiscalía se tomó la cárcel. Y en una carpa instalada en el parqueadero interno, cerca de 80 investigadores del CTI y la Dijín revisan al detalle 700 carpetas de investigaciones disciplinarias internas y tarjetas de registro decadactilar.

Esa revisión ha dado con una nueva veta de investigación: los registros de entrada de visitantes, muchos de estos acompañados de documentos de identidad, que no tienen la correspondiente salida. La Fiscalía analiza videos y fotografías de la época para buscar pistas sobre su paradero.

Este trabajo está enfocado específicamente en el tiempo comprendido entre 1998 y el 2001, en el que inicialmente se decía que más de 100 personas habían desaparecido.

Los agentes se tomaron las dependencias de Investigaciones internas, Comando de vigilancia, Centro de monitoreo y la Oficina Jurídica, en donde han levantado actas de cada documento. Solicitaron en particular las investigaciones que se tenían de fallecimientos en los últimos 17 años y copia de las actas de inspección a cadáveres.

Julián Quintana, director del CTI, aseguró que se busca esclarecer las denuncias de desmovilizados que hablan de una serie de muertes en dos pabellones de esta cárcel.

Se pudo establecer, de acuerdo con las denuncias, que estas personas fueron asesinadas y luego descuartizadas y que sus restos terminaron siendo arrojados a las alcantarillas.

Estos hechos ocurrieron en un lapso en el que el Inpec perdió el control del establecimiento, al punto de que los guardianes solo vigilaban la parte exterior para evitar fugas. Fue la misma época de las batallas campales, incluso con disparos de fusil, entre los paramilitares del patio 4 y los guerrilleros del patio 5.

Según Quintana, se trató de una actividad sistemática ordenada por los jefes de Autodefensas encaminada a eliminar a los subversivos e incluso a algunos de sus miembros.

La investigación busca, además, la eventual complicidad de los encargados de vigilar la cárcel. El tráfico de armas con complicidad oficial, de hecho, era una de las vetas periodísticas que trabajaba Bedoya cuando fue secuestrada a la entrada del penal, donde había sido citada para una entrevista periodística.

Una fuente del Inpec le dijo a EL TIEMPO que muchas personas que en principio se reportaron como desaparecidas fueron halladas posteriormente, supuestamente trasladadas a otras cárceles.

La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alentó a la Fiscalía para que avance en la investigación “hasta esclarecer todo lo ocurrido (en La Modelo), de manera que la justicia pueda establecer responsabilidades y sancionar a los responsables”, agrega en un comunicado.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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