La juez 19 de conocimiento avaló el preacuerdo con la Fiscalía en el que el subintendente de la Policía Nelson Tovar aceptó su responsabilidad por facilitar la alteración de la escena del crimen en el homicidio del grafitero Diego Felipe Becerra, que ocurrió en la noche del 19 de agosto del 2011, en la avenida Boyacá con calle 116, en el norte de Bogotá.
Tovar asegura que fue el uniformado que proporcionó el arma con la que se buscaba hacer parecer a Diego Felipe Becerra como un atracador que se enfrentó a disparos contra el patrullero Wilmer Alarcón, y que en esta confrontación fue ultimado Becerra.
Por este preacuerdo, Tovar purgará una condena de solo ocho años de prisión por los delitos de fraude procesal, favorecimiento al homicidio y falsedad ideológica en documento público, a cambio de que sirva como testigo en el proceso penal que se lleva por el asesinato del joven.
No obstante, Nelson Tovar y su apoderado, Jairo Acuña, señalan que persisten amenazas en su contra por realizar este preacuerdo. “Ahora me están llegando correos electrónicos que dicen que Tovar no debe hablar en el juicio o si no nos van a matar. De nuevo esto se puso en conocimiento de la Fiscalía para que investigue de dónde vienen los amedrentamientos”, denunció el abogado Acuña.
Pero hasta el momento, ni el abogado ni el subintendente Tovar, que está en detención domiciliaria en una vivienda en la que reside con su familia, han recibido protección. “El Estado ha sido indolente en ese aspecto. A Tovar le dicen que para cuidarlo tiene que irse a la cárcel”, aseguró el abogado Acuña.
Respeto al buen nombre
De acuerdo con Miryam Pachón, abogada de la familia de Diego Felipe Becerra, este preacuerdo permite restablecer el derecho al buen nombre de Becerra porque se demuestra que no se trataba de un atracador, como aseguraron en su momento las autoridades, incluido el general Francisco Patiño, que para la época era el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.
“Este es uno de los preacuerdos más fuertes porque involucra el tema del arma que se pretendía hacer creer que era portada por Diego Becerra, lo que acredita que sí existió el delito de fraude procesal”, señaló Pachón.
Según la jurista, esto hace que los informes policiales de la época queden sin sustento para intentar demostrar que el grafitero era un atracador.
“El supuesto hurto queda demostrado que era falso, porque al subirse a una buseta tenía que amenazar con un arma, así fuera de juguete. En este caso quedó demostrado que la pistola de calibre 22 no la portaba Diego Becerra”, agregó Pachón.
En la familia fue bien recibida la decisión de la juez de avalar el preacuerdo con Tovar, debido a que de esta manera se sigue demostrando que hubo un montaje en la escena del crimen.
“La declaración de Tovar aclara mucho todo lo que hemos venido diciendo durante estos cinco años, reconfirma que no existía arma en la escena del crimen como lo han confirmado otros cuatro uniformados”, indicó Gustavo Trejos, padre de crianza del grafitero.
Proceso en Procuraduría
La abogada Miryam Pachón afirmó que por sus declaraciones en medios de comunicación le iniciaron un proceso disciplinario en la Procuraduría, ya que debía mantener la reserva del caso. “Me piden que me deje de proteger porque cada vez que me amenazan yo lo denuncio en medios”, afirmó la jurista. El proceso, según ella, se inició por la declaración de un defensor de los policías implicados en el crimen de Becerra.
BOGOTÁ