En el país, de acuerdo con datos oficiales del Departamento Nacional de Planeación (DNP), se encuentran 35’616.753 personas registradas en el Sistema de Identificación de Beneficiarios (Sisbén), la encuesta creada hace más de dos décadas para orientar políticas públicas a favor de la población más vulnerable.
Esto quiere decir que el 74 por ciento de los colombianos tienen necesidades que, de alguna forma, deben ser asistidas por el Estado. Hecho que, de entrada, contrasta sensiblemente con el índice de pobreza multidimensional, también oficial, que bordea el 20 por ciento y comparte con la encuesta algunos de sus indicadores.
Aunque esta divergencia merece un análisis no tan ligero, lo que sí lo amerita de manera urgente es la comprobación técnica de que todos los clasificados e incluidos en el Sisbén son en realidad personas pobres o en alto riesgo de vulnerabilidad social y económica, y no colados. Tarea que desde hace unos meses vienen realizando el DNP, en cabeza de su director, Simón Gaviria, y las alcaldías en todo el país, y que ya muestra resultados favorables.
De ellos vale la pena resaltar que, de septiembre del año pasado a la fecha, los registros que estaban pendientes de verificar bajaron de 653.153 a 413.359, lo que quiere decir que se tiene plena certeza de que 240.000 personas reciben los beneficios justificados en información veraz.
De igual forma, del sistema han sido retirados 224.000 muertos ‘subsidiados’, y han sido expulsadas miles de personas que, aunque tienen ingresos importantes, fingían ser pobres para estafar al Estado.
Pero falta más. Nada justifica, por ejemplo, que Bogotá, con todas las condiciones a su favor y pese a los esfuerzos, siga siendo la ciudad con mayor rezago en la actualización de la información de las personas que reciben subsidios a través de esta herramienta, ni que aún existan muchos alcaldes a nivel nacional que continúen tomando la imperiosa obligación de depurar estos listados de manera laxa y apegada a conveniencias políticas y personales. No debe olvidarse que todos los programas y acciones emanados de esta encuesta se financian con recursos públicos.
Inescrupulosos de todo cuño tienen a este sistema en la mira: evasores del sistema de salud, el medio millón de muertos por los que alguien sigue cobrando, los politiqueros regionales y locales, que incluyen gente en estas bases de datos para pagar favores de todo tipo; los funcionarios y los intermediarios que duplican afiliados, inflan y trafican con los listados, hasta algunos grupos armados que por esta vía se financian.
Erradicarlos, sobra decir, no es una tarea fácil, pero se están dado pasos en la dirección correcta. Sin embargo, ya es hora de que, a la par con la depuración, también se empiece a identificar y castigar a los responsables del desfalco. Es vergonzoso que este delito –conocido por todos desde hace años– siga en total impunidad.
Tales acciones permitirán que las políticas sociales se enfoquen con más eficiencia en la población que de verdad las necesita y, de paso, empezar a entender por qué cada vez hay más gente en el Sisbén, si la evidencia demuestra que las condiciones del país dan para que sean menos.
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