Agradezco mucho al amigo, exsenador y abogado Dr. Juan García Romero la oportunidad que siempre me han brindado, en sus famosas parrandas vallenatas con altura, para conocer personajes como presidentes, ministros y gente importante de Colombia. La mejor, para mí, fue la atención que le brindó el mismo día, pero a distintas horas, al procurador Alejandro Ordóñez y más tarde al presidente Juan Manuel Santos en su primer gobierno. Allí estuve con Leandro Díaz, su hijo Ivo, el gran Roy Rodríguez y el recién elegido rey vallenato Almes Granados. Aproveché un espacio para pedirle al Presidente que por favor se ocupara de la situación caótica de Sayco; se remitió a la senadora Piedad Zuccardi, esposa de Juancho, pero ella, por problemas políticos, no pudo atender mi pedido y eso quedó así.
Quería poner en conocimiento del Presidente la política administrativa errada del ministro del Interior, Dr. Germán Vargas Lleras, a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, interviniendo a Sayco por un desfase interno que no ameritaba tan exagerado procedimiento, amenazando incluso con su liquidación. Sayco es una sociedad privada exclusiva de autores y compositores, creada por la Ley 23 de 1982 bajo la presidencia del buen Belisario Betancur. La citada ley creó esta dirección para proteger al artista colombiano, con funciones de control y vigilancia. No pensó Belisario que vendría la corrupción a todos los niveles, ni que nuestra sociedad, de carácter privado, quedaría en manos de políticos.
Cuando me gradué en 1983, con tesis meritoria sobre el derecho de autor, me vinculé a Sayco y noté, porque así lo viví en las discusiones por mejor derecho para las disqueras, que la Dirección no era lo mejor para Sayco, y dudé de su imparcialidad para dirimir la contienda que existía entre los organismos de gestión. Producto de ese enfrentamiento, se optó por crear el ente Sayco-Acimpro, con igual derecho en el recaudo; pero luego el Congreso aprobó la Ley 44 de 1993, que en sano derecho legisló así: 60 por ciento para Sayco (derecho principal) y 40 por ciento para Acimpro (derecho secundario o conexo). Hubo que ver la cara de desencanto que puso el director Fernando Zapata López en el Congreso cuando se aprobó esta ley.
Entiendo que la piratería maltrató los ingresos de las casas disqueras, mientras Sayco elevó considerablemente sus ingresos. Allí es cuando se presenta, en la asamblea de Sayco, el convenio Sayco-Acoden (editoras de las casas disqueras), y es aprobado por una asamblea sobornada. El comité de vigilancia advirtió la arbitrariedad, pero la Dirección no lo declaró ilegal y se metieron las disqueras como un caballo de Troya, tomando por asalto jurídico la Dirección de Sayco. Allí empezó todo lo malo para nuestra sociedad. Con otro ministro a bordo, fue más lejos todavía y, sin justificación aparente, la Dirección interviene a Sayco nuevamente, y esta vez nombra como gerente, suprimiendo al consejo directivo, al señor Andrés Espinosa Pulecio. Este, dueño absoluto de la administración, se inventa un contrato con una entidad recaudadora pirata (Servinteg S. A. S.) cuyas funciones de recaudo las realizaba Sayco, y presenta facturas millonarias que él mismo paga.
Sustituido él por el Dr. Saturnino Caicedo, no cambia de raíz el problema y es el nuevo gerente, Poldino Posteraro Ariza, quien demanda el contrato; pero un aparato judicial paquidérmico ha dejado que prospere un embargo de origen espurio, un embargo multimillonario que perjudica a los empleados, sin pago, pero principalmente a 7.000 compositores que son la verdadera identidad de Colombia.
Señor Presidente, no permita que se produzca este asalto al patrimonio de nuestros autores y compositores, cuyas canciones son el mejor mensaje de paz que tiene nuestro país.
Adolfo Pacheco Anillo
