La Contraloría advirtió este lunes que la protección de las personas con riesgo extraordinario o extremo en el país se encuentra en manos de operadores privados.
El organismo de control determinó que los servicios de protección, que son el objeto de la Unidad Nacional de Protección (UNP), se encuentran tercerizados en un 87%, es decir que el personal de protección no está vinculado con el Estado. Según cifras, 475 son funcionarios (13%) y 3.314 contratistas (87%).
“La Unidad Nacional de Protección no cuenta con el personal suficiente para este labor, teniendo que contratar a operadores privados”, dice la Contraloría.
Luego de analizar el tipo de vinculación la Contraloría encontró que para el 2015, la UNP contaba con un total de 4.215 personas vinculadas, de los cuales 16% corresponde a funcionarios y el 84% restante a contratistas. Del total del recurso humano de la UNP, 90% está asignado a la Subdirección de Protección y el otro 10% a las dependencias de apoyo a la Entidad.
Además de la creciente tercerización de los servicios, dice la Contraloría, se evidencia la dificultad de ordenar desinstalaciones de esquemas aprobados.
En 2015, la UNP prestó 6.463 esquemas de protección, 49% del total de las solicitudes recibidas (13.192) en la vigencia; es decir, teniendo en cuenta el valor de los compromisos, cada beneficiario tuvo un costo de protección promedio de $ 72 millones al año. Se observaron incrementos en los costos de los elementos que componen los esquemas de protección: vehículos convencionales (28%), seguido de hombres de protección y conductores (8%) y vehículos blindados (5%).
Se evidencia que entre los años 2012 y 2015, se recibieron 52.954 solicitudes de protección, de las cuales 30% fueron rechazadas por no cumplir los requisitos exigidos; mientras que de las aceptadas, 79% fueron objeto de protección. A 2015, los esquemas prestados se concentran principalmente en servidores públicos (22%) y dirigentes miembros y sobrevivientes de la UP y Partido Comunista (21%).
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