Cerca de 33 autoridades tradicionales indígenas wayús, del municipio Riohacha, tomaron la decisión de no permitir el ingreso de los programas del ICBF en sus comunidades, hasta tanto no se diseñe una estrategia de atención a la primera infancia de acuerdo con sus realidades y necesidades.
Esto a raíz del pronunciamiento de la Fiscalía de judicializar a los padres wayús que exigen que sus hijos sean atendidos por la 'outsuu' (medicina tradicional), por lo cual los han retirado de los centros de salud y ponen en riesgo, según las autoridades, la vida de los menores. Además, el ICBF abrirá un proceso de restablecimiento de derechos contra los padres que no les presten la atención necesaria y asumirá la protección de los menores. (Lea también: Otros $ 96.000 millones para aliviar la crisis de La Guajira)
Todo esto con el fin de que no se siga elevando el número de menores muertos por desnutrición en el departamento de La Guajira, que en lo corrido del año van 38 casos.
Abandono del Estado
Los indígenas reclaman la realización de una mesa de trabajo con todas las instituciones del Estado relacionadas con el tema de la desnutrición y aseguran que además de sentirse abandonados deben enfrentar cuestionamientos por no atender a sus hijos.
Según la líder wayú Matilde López Arpushana, quien fue una de las primeras que denunció la desnutrición en La Guajira, el Gobierno no ha tenido en cuenta el porqué los menores están llegando hasta ese punto. “Por muchas dificultades que hay en las comunidades, cuando no hay agua, cuando la salud no llega, las vías de acceso son malas, no hay alimentos, ni empleo. ¿Cómo judicializas a un padre de familia que no tiene cómo mantener un hijo? ¿Dónde está la garantía que debió haber dado el Estado?”, dice. (Además: A pedalazos, comunidades wayús reactivaron pozos de agua)
Así mismo, asegura: “La solución no es meter a los indígenas presos, está en mirar cómo se contrarresta toda esta situación”.
Según los indígenas, el ICBF es la única institución que va a las comunidades, sin embargo, muchos de estos programas están diseñados para grandes ciudades y no están ajustados a las realidades ni a las necesidades del pueblo wayú.
López aseguró: “Hemos dicho que debe ser un programa que atienda las necesidades de acuerdo con las especificaciones culturales de los pueblos indígenas en Colombia, pero lo que se está implementado es un modelo para todo el mundo; hasta la parte climática debería tenerse en cuenta”.
La preocupación ahora es que los líderes y docentes no se atreven a sacar a los menores en riesgo de desnutrición de sus comunidades. “Estamos en una situación difícil, quedamos en el fuego cruzado, si sacamos a los niños podemos tener represalias con los hermanos indígenas y si no, con la cultura occidental; es el momento de que se tomen acciones verdaderas”, sostiene la docente Yaneth Cataño.
Anteriormente los menores eran sacados de sus comunidades por líderes, docentes, auxiliares o un equipo psicosocial y llevados obligatoriamente a los centros de salud. Ahora, el que ayudaba a sacar a los menores de las instituciones ya no lo va a hacer ante el temor de que le ‘manden la palabra’, una tradición wayú por cometer una falta y en la que se debe pagar una compensación si el padre del menor es judicializado.
“Hay que sentar el precedente y de pronto no se debe llegar a la judicialización ”, indicó Spencer Rivadeneira, médico pediatra y secretario de Salud de Riohacha.
Rivadeneira sostiene que a los menores les va mejor cuando se tratan en las comunidades que en el hospital, por lo cual se requiere combinar la medicina indígena con la occidental.
En el comunicado firmado por las autoridades indígenas se exige una ruta de atención para casos similares desde una mirada intercultural y sin discriminación racial hacia los indígenas wayú en los centros de atención hospitalaria.
Así mismo, reclaman ser asistidos de forma gratuita por intérpretes que tengan conocimiento de su lengua (wayuunaiki) y su cultura.
ELIANA MEJÍA
Especial para EL TIEMPO
RIOHACHA
