Mientras se adelantan las audiencias respectivas para dar por terminado el contrato de concesión del Ferrocarril del Pacífico que tiene Trafigura con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la firma adelanta conversaciones con dos grupos empresariales, uno del Valle y otro de Risaralda, para evitarse la multa de 40 millones de dólares que le impondría el Estado por el incumplimiento de las obligaciones.
Portafolio conoció que por el departamento del Valle, el grupo que estaría interesado en quedarse con la operación de la red férrea del Pacífico -que va del puerto de Buenaventura hacia Yumbo, Cali, Buga y la Tebaida- se conformaría por Fanalca, empresa de autopartes; Ciamsa, comercializadora internacional de azúcares y mieles de la industria azucarera, y otras firmas vallecaucanas.
Y por el departamento de Risaralda, están algunos asociados de la Zona Franca de Pereira, por el interés que les genera el hecho de que el tren pasa por el sector donde se encuentra ubicada.
Esta negociación entre privados, en la que no juega ningún papel la ANI, haría que el concesionario Trafigura se evitara pagar la multa de los 40 millones de dólares que le impondría la entidad pública por haber incurrido en una falta grave, como es el freno de las operaciones, que llevaría a la cancelación del contrato.
Al respecto, el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, explicó que esta es una situación entre los interesados en la cesión del contrato y el contratista actual.
“Esto depende de en qué condiciones está dispuesto a aceptar el contrato un tercero”, dijo Andrade, al aclarar que el grupo empresarial que decidiera quedarse con el Ferrocarril del Pacífico asumiría las mismas condiciones con las que funcionó la compañía suiza Trafigura, con la filial Impala.
No obstante, la Superintendencia de Puertos y Transporte le impuso una multa de 400 salarios mínimos mensuales legales vigentes al concesionario por dejar de prestar el servicio público al que estaba obligado por el contrato que tenía con el Estado.
Aunque la decisión está en primera instancia, y el concesionario tiene la posibilidad de presentar un recurso de reposición y, si es del caso, de apelación, parece claro que tendría que pagar una multa por este concepto.
En el caso en que Trafigura no lograra llegar a un acuerdo con estos privados colombianos, no tendría otra salida que asumir la multa de los 40 millones de dólares que le impondría la ANI.
“El contrato establece nuestro derecho de terminarlo y cobrarle una multa de 40 millones de dólares por causa de incumplimiento grave al contratista”, comentó Andrade, al precisar que desde la entidad “estamos en las audiencias de terminación de contrato, tan pronto termine este proceso, en el que hay que respetarle los derechos de defensa a la contraparte, procederíamos a estructurar una nueva licitación”.
Esto, para el Presidente de la ANI, significa que podría terminar el 2017 sin que la red férrea del Pacífico tuviera un nuevo concesionario, pues la terminación del contrato demora meses y la estructuración y licitación, años.
Desde 1998, el Gobierno firmó el contrato de concesión de la red férrea del Pacífico con la empresa Tren de Occidente, que no logró la normalidad en la operación.
Entre 2000 y 2006, el Estado invirtió alrededor de 120 millones de dólares en la rehabilitación del corredor férreo. Y en 2008 se dio la cesión del contrato al concesionario Ferrocarril del Oeste y tampoco tuvo rentabilidad en su operación.
Finalmente, en 2013 la concesión la toma Trafigura, del grupo suizo Impala, con experiencia en la operación de trenes y se conforma la empresa Ferrocarril del Pacífico.
Cynthia Lewis
cynlew@eltiempo.com
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