Menos de dos meses después de que un fallo de la Corte Constitucional revivió el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), que había sido eliminado por la reforma del equilibrio de poderes, una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) dejó al descubierto una serie de anomalías que se han cometido en el ente que maneja los recursos de la Rama Judicial.
Para la CGR, la gestión fiscal de la Judicatura, como ejecutora de los recursos asignados a la Rama, no pasó el examen en la vigencia 2015. Es más, fue calificada de “desfavorable”, por lo que no feneció (no avaló) su cuenta.
Encontró, por ejemplo, que el CSJ compró unas camionetas blindadas para la Corte Constitucional por 1.992 millones de pesos, sin tener el respectivo registro presupuestal, y además “aún no están prestando el servicio”.
El informe igualmente da cuenta de que, entre el 2010 y el 2015, el alto tribunal invirtió más de 2,2 billones de pesos en descongestión judicial y “no se cumplieron” las metas establecidas para tal fin.
A esto hay que agregar que el reporte de la Contraloría señala que en los estados financieros del Consejo Superior de la Judicatura al 31 de diciembre de 2015, en cuentas por cobrar hay un saldo de 20,5 billones.
El informe señala que el CSJ solo logró recaudar por concepto de multas $ 5.616 millones, cifra que, comparada con la cartera depurada por prescripción de $ 5,5 billones, solamente equivale al 0,1 por ciento.
La auditoría realizada da cuenta de que esta situación se debe a los bajos niveles de recuperación de las multas. En ese punto, el reporte habla de “serias deficiencias” en la jurisdicción coactiva de la Judicatura.
El organismo de control hizo cinco hallazgos con presunta connotación fiscal por $ 1.701 millones y dos para indagaciones preliminares por $ 1.405 millones, por concepto de recobro de incapacidades y mayores valores pagados por nómina.
“En desarrollo de la auditoría se detectaron presuntos daños patrimoniales en procesos archivados por prescripción de la seccional de Medellín por $ 1.443,5 millones, debido a una gestión ineficaz en el traslado de las providencias”, señala el reporte.
Por todo esto, la CGR emitió un concepto desfavorable en la vigencia 2015 de la Judicatura, pues consideró que persiste “la incapacidad” de ese tribunal para ejecutar oportunamente los recursos de inversión, lo que se refleja en recortes de apropiación y constitución de reservas presupuestales.
EL TIEMPO intentó conocer la respuesta del CSJ, pero no fue posible.
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