El máximo comandante de las Farc, ‘Timoleón Jiménez’, anunció que dio la orden “a todas las estructuras de las Farc de que suspendan todos los impuestos a toda la actividad económica legal que hay en las regiones, impuestos que les tenemos a los ganaderos, a las distintas fuentes de financiación, al gran comercio”.
Se trata de un paso más hacia el final del conflicto, y tiene implicaciones favorables para la seguridad en el país, pues anticipa la puesta en marcha de parte del acuerdo sobre el fin del conflicto, en lo concerniente al cese de hostilidades: es una medida unilateral que refuerza los compromisos de desescalamiento, en los que esta guerrilla tiene un alto, mas no completo, nivel de cumplimiento.
También se reduce una fuente de riesgo para la negociación. Se ha documentado que la mayoría de las violaciones registradas por las Farc ocurrieron cuando la guerrilla se encontraba cobrando extorsiones.
Junto con el abandono del secuestro extorsivo, esta medida es la más importante que estas han tomado para desmontar su economía de guerra: la extorsión es su más extendida fuente de recursos. La decisión implica también la preparación progresiva de sus estructuras para el paso a economías de transición.
Asimismo, esto podría llegar a fortalecer el apoyo ciudadano al proceso de paz. Si las Farc cumplen, se remueve una de las principales razones que tenía la oposición para criticar las negociaciones, y contribuye a atenuar su imagen negativa.
Es claro que las Farc mantienen la iniciativa en materia de las negociaciones y que esperan una pronta firma del acuerdo final. Ahora el grupo tiene una mayor urgencia por terminarlas.
La medida permite además que la Fuerza Pública identifique con mayor facilidad otros grupos que realizan extorsiones, y que realice operaciones contra ellos. La mayor disponibilidad de recursos operacionales y el menor riesgo de afectar el proceso en operaciones antiextorsión ofrecen una oportunidad para lograr una reducción de los riesgos de seguridad para sectores productivos.
Se puede prever igualmente una reducción de la extorsión de organizaciones criminales que usaban el nombre de las Farc para extorsionar, así como menores costos de protección y seguridad: productores trasladaban supuestos costos de la extorsión a los consumidores.
El compromiso deja por fuera otras fuentes de recursos, como la explotación de rentas de la minería ilegal, la explotación de maderas finas y todas las rentas asociadas a la cadena del narcotráfico: en este sentido, las Farc podrán incrementar su búsqueda de rentas de estas fuentes con un aumento de la violencia por disputas con otros grupos.
Otro riesgo está asociado al hecho de que el grupo no proscribió explícitamente el cobro de impuestos a economías ilegales que operan en sus zonas de influencia. Así, la persistencia de vínculos entre las Farc y el narcotráfico, la minería ilegal, entre otras actividades ilícitas, aumenta la probabilidad de que algunos combatientes opten por seguir explotando rentas ilegales, en vez de acogerse al acuerdo final. Es probable que la suspensión de las extorsiones precipite la salida de miembros y hasta grupos de las Farc.
La renuncia de las Farc a la extorsión es un paso que traerá beneficios en materia de seguridad y ofrece oportunidades de intervención para un mejor posconflicto, pero ello es aún insuficiente. El grupo todavía debe reconocer su injerencia en la explotación de rentas ilegales, proscribir dicha participación y romper todo vínculo con el crimen organizado. Además, debe hacer una declaración en la que se manifieste la renuncia definitiva al uso de todo tipo de violencia y amenaza de su uso, para que los acuerdos de dejación de armas, cese bilateral y definitivo sean efectivos.
Jorge Restrepo*
* Del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac)
