En un revelador informe, publicado en este diario, se ilustran en detalle los costos que le ha traído al país el paro de un sector de los camioneros. Durante cerca de mes y medio, un puñado de dirigentes –con relaciones y antecedentes que despiertan serias inquietudes– han impedido, mediante la violencia activa, la prestación de un servicio público esencial. Los perjuicios para los ciudadanos han sido enormes.
Este levantamiento ilegal es un nuevo episodio de un mal que se volvió crónico. En lo corrido de la última década van nueve protestas, y en los últimos veinte años ocurrió una treintena de paros del transporte. Se confirma así que estamos ante un fenómeno consolidado de apelación a las vías de hecho. Esto obliga a replantearse la actitud del país frente a la ‘protesta social’.
Aquí se ha creado una cultura institucional y social que idealiza la ‘protesta social’, otorgándole una justificación intrínseca a todo alzamiento o levantamiento que se ampare en dicho membrete. A esa sombrilla se han venido acogiendo intereses económicos y criminales que saben que la opinión pública, y en muchos casos los jueces, les conceden un alto grado de tolerancia basado en una caracterización equivocada de sus móviles, métodos violentos y conexiones non sanctas.
El líder del paro, el señor Pedro Aguilar, defiende que sean los mismos camioneros los que manejen los más de 800.000 millones de pesos de recursos públicos asignados a los programas de chatarrización. Ese esquema permitió el saqueo de dichos recursos. El hermano del líder camionero, Luis Aguilar, está actualmente detenido por esos hechos. Y en cuanto a las acciones violentas, cabe señalar, como lo reportó EL TIEMPO, que los señores Alfonso Medrano y Andrés Charfuelán abandonaron la mesa de negociaciones para irse a organizar alzamientos en sus regiones, Boyacá y Nariño.
Los líderes visibles de las protestas de los camioneros han expropiado de su derecho a la representación gremial a cientos de miles de transportadores. Han convertido esos gremios en defensores de su propio beneficio e intereses particulares. A estos personajes se les atribuye el control del servicio de carga en zonas y rutas críticas para el país. No en vano entre las peticiones originales ha estado acabar con la rehabilitación de la navegación por el río Magdalena y otros proyectos. Nada que les pueda tocar su monopolio. Para no hablar de la solicitud de ajustar los fletes en 40 por ciento.
La otra estocada al futuro de la protesta social es su politización partidista. Basta recordar que el expresidente Uribe y el Centro Democrático apoyaron el violento paro cafetero y agrario, en compañía de Jorge Enrique Robledo. Ahora el expresidente Álvaro Uribe apoya el paro camionero y a sus gremios. Así lo reiteró recientemente en una reunión con líderes camioneros, en Rionegro, el pasado 16 de julio, con motivo de las festividades de la Virgen del Carmen. El adalid de la Ley y el Orden, el patriota que solo piensa en el bien común, está avalando a los responsables del desabastecimiento, de la violencia y de oscuras maniobras con la chatarrización. Vivir para ver.
Pero la víctima más grave de todo esto es la misma protesta social. Un derecho legítimo se ha corrompido a manos de un puñado de intereses particulares, manejos oscuros y cálculos partidistas. Hicieron muy bien el presidente Santos y su ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, de pararles el macho. Llegó la hora de rescatar la protesta social, la de verdad, de esas manos.
Dictum. El país está tranquilo con la decisión de la Corte Suprema. Néstor Humberto Martínez es una garantía para todos.
Gabriel Silva Luján
