Luego de que el Gobierno endureciera las medidas para enfrentar el paro camionero, Jorge Eduardo Rojas, ministro de Transporte, y quien llegó al cargo a liderar la negociación –junto con el secretario general de la Presidencia, Luis Guillermo Vélez–, señala las razones que llevaron al Gobierno a ‘pararse en la raya’ y advierte que las soluciones de fondo se deben tomar entre todos los actores y sin presiones.
¿Cuál ha sido la dinámica de las negociaciones y cuál fue la causa para suspenderlas?
Ellos salieron con una propuesta de 17 puntos y sobre eso empezamos a trabajar. ¿Qué hicimos? Escuchar, entender durante los primeros 10 días del paro, que tenía unas condiciones muy distintas a las de hoy.
Los primeros 15 días fueron muy tranquilos y empezamos escuchar de las amenazas que les hacían a los conductores que querían trabajar, pero había carga.
Hemos cedido hasta donde podíamos y ellos no han cedido ni un milímetro. Eso hace que no sea una negociación, sino una imposición. A partir del día 15, cuando no les parecía lo que les proponíamos empezó a ponerse dura la situación y comienzan a verse cosas fuertes en la calle, y llevamos 15 o 20 días de sentir desabastecimiento, de siete u ocho bloqueos diarios y enfrentamientos contra la Fuerza Pública.
¿Qué pasaba en la mesa?
Empezó a generarse una tensión y sentimos que nos estaban poniendo más fuertes las condiciones. Llegó un punto límite en el que el Gobierno no aguantó más y empezamos a ser muy contundentes con los bloqueos.
¿Por qué a los camioneros ya no les sirve el sistema de costos?
Desgraciadamente la mayoría de las medidas del transporte fueron hechas en paros, en coyunturas, a las malas y por eso esto no funciona, porque fueron medidas que se tomaron bajo presión, generada por ellos mismos. Estos costos no pueden ser al ojo o a lo que le vayan diciendo a uno. Tienen que ser cosas sustentadas en algún análisis. No hay que revisarlo en medio de un paro. Deben estar todos los actores de la cadena. Que vengan, den la discusión y como agente rector, observamos y decidimos juntos.
¿Por qué no es posible ajustarlos más del 8,5 %?
Porque estamos defendiendo al consumidor, a la señora que merca y a ellos. En la propuesta reconocemos las falencias del sistema y la necesidad de actualizar los fletes, pero no al nivel del 30 por ciento.
¿Cuántos carros se colaron y por qué pasó esto?
Entre 15.000 y 20.000. Alguien cometió un delito, pero un porcentaje tienen dueños de buena fe. Queremos que se investiguen.
Algo difícil de avanzar en la Fiscalía…
No. Esto puede terminar en muy pocos casos, porque seguramente se generaron grandes empresas de delincuencia para esto.
¿El tema de la suiza Impala se ha tratado en la mesa?
No hay nada de cosas de Impala, pero está claro que el año pasado entraron no más de 600 vehículos al país y este año 230.
Pero ellos muestran fotos de carros ya matriculados...
Si están matriculados es que ya existen y podrían estar rodando. Nadie nos ha hecho solicitudes nuevas.
¿Hay un lapso para evaluar las medidas tomadas?
Esto es minuto a minuto. No podemos dar plazos de días porque el abastecimiento de las ciudades no da espera de días.
¿Qué se necesita para que vuelvan a hablar?
Volver al abastecimiento, al respeto, que la protesta sea en paz, que se respeten las vías, que no haya bloqueos y que se respete la integridad de todo mundo.
Fiscalía chequea 1.400 chatarrizaciones
En los próximos días, la Fiscalía General revelará información clave el esquema que montó el ‘cartel’ de la chatarrización en el Ministerio de Transporte y en secretarías de Tránsito para matricular ilegalmente unas 20.000 tractomulas. El tema ya le constó la libertad a Luis Aguilar, hermano del líder del paro, Pedro Antonio Aguilar. Pero se les sigue el rastro a varios funcionarios de la cartera de Transporte que se prestaron para gemelear vehículos, asignar cupos después de falsos siniestros y hasta regrabar series de motores y chasises. El ministro de Transporte, Jorge Rojas, le reveló a EL TIEMPO que tienen detectadas 1.400 resoluciones usadas para este ilícito. Y que se van a ubicar a los terceros de buena fe que compraron esos cupos para que ayuden a identificar a los funcionarios implicados y a los tramitadores. También dijo que trasladó de sus funciones a un empleado del Ministerio presuntamente vinculado al cartel, a quien un juez ordenó reincorporar.
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