Apenas 13 meses, y con sobresaltos, alcanzaron a estar vivos los dos cambios más importantes de los últimos años en materia de alta arquitectura de la justicia.
El jueves, como estaba cantado hace semanas, la Corte Constitucional enterró, por pecados de forma y fondo, el Tribunal de Aforados creado el año pasado en la reforma de equilibrio de poderes. El mes pasado, por las mismas causas, había declarado inexequible el accidentado Consejo de Gobierno Judicial, el nuevo órgano de administración de la Rama creado por la misma reforma.
Los efectos de las dos decisiones han generado polémica porque volvieron a la vida jurídica dos de las instituciones más cuestionadas de todo el aparato estatal colombiano: la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Y de paso, la Corte, como lo pedían los otros altos tribunales y el exfiscal Eduardo Montealegre, cerró cualquier posibilidad de reformar el alto Poder Judicial por la vía del Congreso, con el polémico argumento de que esto solo sería posible por la vía de una constituyente.
La polémica es intensa, y en el Congreso volvieron a cobrar fuerza las voces que hablan de un Poder Judicial desbordado. “Definitivamente (los magistrados) no quieren abordar ese tema de la reforma de la justicia, no quieren que haya reforma para ellos”, dijo el senador liberal Juan Manuel Galán.
El representante Alirio Uribe (del Polo) señaló por su lado que es “lamentable que la Corte Constitucional mantenga la impunidad que les dispensa la Comisión de Acusación”.
La senadora liberal y exfiscal Viviane Morales dijo que con esa decisión quedó demostrado que esta Corte no es constitucional sino “constituyente e impúdica”, pues volvió a dejar “sin jueces” a los magistrados y al Fiscal General.
Y el senador Armando Benedetti, del partido de ‘la U’, advirtió a su turno que si una decisión similar la hubiera tomado cualquier otro funcionario y no la Corte, “sería prevaricato”, en referencia a que la resurrección de la Comisión de Acusación virtualmente garantiza un manto de impunidad para todos los aforados de su órbita, incluidos los magistrados que fallaron el jueves.
La Corte consideró que el Congreso había sustituido la Constitución del 91 porque la reforma supuestamente amenazaba la independencia de la justicia al hacer menos garantistas los procesos por los cuales los altos magistrados y el Fiscal pueden ser condenados o retirados de sus cargos. Según el fallo, esto se produjo cuando el Congreso decidió que los investigadores no fueran congresistas sino magistrados, y cuando se eliminó el antejuicio político en los casos penales, que pasaban, de haber acusación, directamente a la Corte de Suprema Justicia.
El fallo dice que para la democracia colombiana es clave mantener las actuales reglas de juego para procesar a un alto dignatario, según las cuales las “valoraciones no se agotan en lo estrictamente jurídico”, sino que se tienen en cuenta también “aquellas relativas a la estabilidad institucional, al bien común o a la conveniencia”.
Esa posición, en plata blanca, significa que los más altos representantes de la justicia consideran que, a diferencia del resto de los colombianos, un caso en su contra no debe resolverse estrictamente apegado a las pruebas del proceso, sino a valoraciones políticas.
“Razones asociadas al bien común, dirigidas por ejemplo a amparar la estabilidad del Poder Judicial, pueden ser planteadas en el Congreso de la República (...). Esta clase de valoraciones se justifica por las funciones especiales otorgadas a los magistrados de las altas cortes y al Fiscal”, dice la sentencia.
El efecto de la decisión es que no solo revive, sino que queda virtualmente blindado de cualquier reforma un órgano investigador cuya ineficiencia ha llevado a que en el mundo de la política se lo llame ‘Comisión de absoluciones’.
Las cifras son contundentes. La Comisión de Acusación tiene alrededor de 1.000 procesos contra magistrados, exfiscales, el Presidente de la República y los expresidentes. De estos, el único que ha llegado a etapa de acusación hasta el Senado es el del magistrado Jorge Pretelt, por el escándalo de supuestas coimas para fallar tutelas en la Corte Constitucional.
José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, asegura que en este, como en otros casos, no se puede responsabilizar a los magistrados por tomar las decisiones que son procedentes: “En el Congreso violan la Constitución, y cuando la Corte les demuestra esto, entonces les echan la culpa a los magistrados”.
‘Los magistrados llegaron a la conclusión de que violaba la Constitución y así tenían que fallar’.
EL TIEMPO