Construir la Fiscalía para el posconflicto, enfrentar al crimen organizado, desactivar la polarización frente a las investigaciones judiciales y darle una mayor transparencia al ejercicio de uno de los cargos más poderosos del Estado son los retos del nuevo fiscal general, Néstor Humberto Martínez, elegido el pasado lunes por la Corte Suprema.
Tras su elección, Martínez anunció tres reformas legales y constitucionales que, sin duda, tienen que ver con la carga negativa que deja a la Fiscalía General su antecesor, Eduardo Montealegre.
Frente al tema de las inhabilidades, planteó que la Corte Suprema elija también un fiscal ad hoc para que encabece los casos en los que el titular del cargo se declare impedido. De esta manera, se evitará que los subalternos del fiscal general asuman esos casos, como ocurrió con el escándalo de Saludcoop. Esa EPS, liquidada por malos manejos, tuvo como asesor hace varios años a Montealegre. La Fiscalía es el único ente de control que no culminó, en estos cuatro años, las investigaciones contra el poder de Saludcoop, Carlos Palacino.
Martínez también plantea que haya una auditoría interna que reporte no al fiscal sino a la Corte, lo que podría hacer más transparentes las decisiones en temas como la contratación, que generaron fuertes críticas para la saliente administración. Y, además, planteó una fórmula para evitar la dilación en la elección del fiscal, un fantasma que ha rondado los últimos procesos en la Corte Suprema.
‘Será la Fiscalía del posconflicto’
1. La nueva justicia de paz
En el nuevo modelo de paz, la Fiscalía tiene el papel de remitir todas sus investigaciones al nuevo Tribunal Especial, que juzgará a los máximos responsables en el conflicto, incluidos los civiles. “Esta será la Fiscalía del posconflicto.
Vamos a aclimatar los tiempos de paz, que es el propósito que hoy tiene la Nación entera”, dijo Martínez tras su elección. Y agregó que esto no lo distraerá de garantizar la tranquilidad de los ciudadanos en las calles.
Aunque su papel no es protagónico en el esquema de justicia alternativa –a diferencia de lo que ocurrió en Justicia y Paz con las investigaciones de los ‘paras’–, serán los avances logrados por la Fiscalía los que determinarán qué tanto podrá avanzar la nueva jurisdicción. También deberá coordinar una adecuada respuesta del Estado para contrarrestar a las bandas y grupos ilegales que surjan tras la desmovilización.
2. Lucha contra el crimen
En la Fiscalía hay cerca de 1,6 millones de procesos represados. Al año se logran solo 54.000 condenas. Por cifras como estas, el nuevo Fiscal debe liderar estrategias y reformas para hacer más ágil la justicia.
Y esto pasa por hacer más cortos los tiempos de respuesta frente a las denuncias de los ciudadanos (hoy pueden pasar dos años antes de que la víctima de un hurto sea llamada a ampliar denuncia) y por garantizar la captura de los delincuentes.
Hugo Acero, experto en seguridad ciudadana, dice que aunque la Fiscalía desarrolló unos modelos de contexto para atacar estructuras, se “debe fortalecer más el tema de investigación criminal”.
Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, dice que la priorización de casos y el ataque a la plata del crimen –que fue una de las prioridades anunciadas por Martínez– son pasos ineludibles.
3. Más transparencia
Dos de los proyectos de reforma anunciados por Néstor Humberto Martínez apuntan a hacer más transparente el ejercicio de la Fiscalía.
Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, señala que se trata de un tema clave, más tratándose de un organismo tan poderoso como la Fiscalía y después de los polémicos antecedentes de la anterior administración.
“El Fiscal General siempre debe estar dispuesto a rendir cuentas de sus actuaciones, es una simple cuestión de transparencia”, señala.
Escándalos como los millonarios contratos de asesoría (el más sonado, el de Natalia Springer) sobre los que el exfiscal Eduardo Montealegre se negó a rendir cuentas, salvo en la Comisión de Acusación, sustentan esa exigencia.
La Fiscalía tiene más de 25.000 empleados en todo el país y un presupuesto superior a $ 2,5 billones.
4. Recuperar la confianza
Una de las características más marcadas del nuevo Fiscal es su capacidad de conciliación. De hecho, como Ministro de la Presidencia logró un fugaz acercamiento entre el expresidente Álvaro Uribe, cabeza de la oposición, y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
Precisamente, desactivar la desconfianza del uribismo frente a los procesos que adelanta la justicia, y particularmente la Fiscalía, contra cabezas del Centro Democrático y familiares del expresidente Uribe será uno de los grandes retos del Fiscal.
Gloria María Borrero, de Excelencia en la Justicia, dice que debe hacer de manera prioritaria un arqueo de esos procesos y seguir adelante con aquellos que tengan sustento, pero también corregir el curso de aquellos, si los hay, en los que se detecten vacíos. Casos como el del ‘hacker’ Andrés Sepúlveda, los ‘12 Apóstoles’ y el ‘cartel de la chatarra’ rondan al uribismo.
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