El paro nacional camionero completa este domingo 41 días y ya deja una persona muerta, dos heridos, 92 detenidos por alteraciones del orden público, 31 policías lesionados y la canasta familiar con incrementos en precios de entre 100 y 400 por ciento.
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, asegura que escasea la gasolina, el maíz y el azúcar en su departamento; y en el Valle, hay represadas más de 100.000 toneladas de alimentos. En Meta y Casanare, la cosecha de arroz amenaza con perderse y lo más grave es el desabastecimiento en Nariño y Boyacá, donde la parálisis del transporte ha estado acompañada de enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía.
Ese panorama llevó el pasado jueves al presidente Juan Manuel Santos a desplegar 50.000 miembros de la Fuerza Pública en las vías. Y anunció la incautación de vehículos que bloqueen carreteras, la cancelación de licencias de operación del dueño y multas a las empresas a las que pertenezcan, hasta por 480 millones de pesos.
Pero no se ha podido llegar a un acuerdo, a pesar de que ya se completan 300 horas de negociación y de que, según Fenalco, el país contabiliza 2,5 billones de pesos en pérdidas. (Lea: 'Como padre de familia pido que me devuelvan el carro': camionero)
¿Qué se está atravesando? ¿Por qué, a diferencia de los últimos 15 paros (uno cada año), los camioneros no han salido avantes con sus exigencias?
Veedores de las conversaciones y la bitácora de la negociación señalan que se ha estado a punto de levantar el paro dos veces, pero todo se empantana por cuenta de la postura radical de Pedro Aguilar, de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), y de Orlando Ramírez, de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC).
Ramírez, el hombre fuerte de los camioneros en Antioquia y en todo el Eje Cafetero, frenó en seco el acuerdo que estaba prácticamente listo el 29 de junio. (Además: En el paro, 'pocos por convicción, muchos por intimidación')
Faltaba un paso para aprobar el ajuste del costo del transporte en las 38 rutas que mueven el 80 por ciento de la carga, mientras un observatorio especial revisa precios, tras consultar a todos los agentes de la cadena. Pero Ramírez, de 60 años y músico de profesión, exigió revivir la vieja tabla de fletes que ellos mismos hicieron derogar en un paro anterior.
“El Gobierno tiene cerrada esa posibilidad porque se traduciría en un incremento del 10 por ciento en el precio de los alimentos y de otros productos, y no lo podemos permitir”, le explicó a EL TIEMPO el secretario general de Presidencia, Luis Guillermo Vélez, quien tomó las riendas de la negociación, junto con el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas.
Pero el líder camionero decidió convertir el tema de los fletes en un inamovible. De hecho, el miércoles, cuando las conversaciones alcanzaron su punto más crítico, se negó a recibir la oferta del Gobierno.
Casa por cárcel
“Se acababa de accidentar el gobernador de Boyacá en una de las barricadas de los camioneros, hubo un intento de asonada en Duitama (Boyacá) y se estaba indagando cómo murió uno de los manifestantes. A pesar de esa tensión, cuando Vélez le extendió el documento a Ramírez, este se negó a recibirlo y los otros hicieron lo mismo”, dijo una fuente de los camioneros.
Y admitió que creyeron que con el cambio de ministro de Transporte, el antecedente del paro agrario y la inminencia del plebiscito para la paz, el gobierno cedería rápidamente.
Para que el gremio se enterara de la propuesta del Gobierno, Vélez tuvo que pedirle a monseñor Luis Augusto Castro, invitado de los camionero, que les entregara el documento.
“Si ser radical es pedir que se respeten los costos operativos, que no se sobreoferte más el parque automotor de carga y que se le permita al camionero renovar sus vehículos, pues claro que seremos radicales todo el tiempo”, le dijo Ramírez a este diario.
Pedro Aguilar, a cuyo grupo se le atribuye el control del transporte entre Buenaventura y Bogotá –que mueve el 60 por ciento de la carga del país–, es el otro radical. La tensión con él ha sido tal, que el pasado lunes la Defensoría del Pueblo le pidió que se retractara de la amenaza pública de dejar a Bogotá sin comida y “encenderse a golpes con la Policía”.
La reacción de Aguilar se produjo luego de que el Gobierno echó a andar las caravanas militarizadas que permitieron desembotellar la carga represada en Buenaventura. Aunque se habilitó la antigua zona franca de la Dian para almacenar contenedores, en ese momento varios buques ya se habían devuelto sin poder descargar. Pero las caravanas lograron que el flujo de mercancía saltara de un 20 por ciento a un 69 por ciento y que Aguilar reaccionara de esa manera.
Las declaraciones del líder gremial también coincidieron con una carta que el ministro de Transporte, Jorge Rojas, le envió a la Fiscalía, en la que solicita la creación de un grupo élite para investigar las irregularidades en la chatarrización de los camiones. Se calcula que mediante trampas y gemeleos se han matriculado ilegalmente cerca de 20.000 vehículos.
La exministra Cecilia Álvarez denunció hace un año que mafias dentro de la cartera de Transporte estaban detrás de ese cartel y que allegados a Aguilar son investigados.
Él mismo le admitió a EL TIEMPO que Luis Aguilar, su hermano, está terminando de pagar en su casa 42 meses de cárcel por matricular irregularmente un camión.
¿Qué sigue?
A pesar de los señalamientos, Aguilar exige mantener el modelo de chatarrización y que los camioneros manejen los recursos para ese fin: unos 800 mil millones de pesos.
“Lo que el Gobierno quiere es entregarle los nuevos cupos a la suiza Impala y dejar fuera a los camioneros. Eso se ha ventilado en la mesa”, dice Aguilar, y lo desmiente el Gobierno.
Las posturas sobre chatarrización y fletes han estado enmarcadas por violentas jornadas en Duitama (Boyacá). Allí, Alfonso Medrano, que estuvo sentado al lado de Aguilar en la primera etapa de conversaciones, encabeza las protestas.
Otro que saltó de la sala de negociación –habilitada en las carteras de Transporte y de Comercio– a las vías fue Andrés Charfuelán, líder camionero en Nariño, una de las zonas críticas.
Para esta semana se espera que las conversaciones tengan un nuevo aire tras las medidas adoptadas por el Gobierno: ya se les canceló la licencia de tránsito a 977 camiones y a 321 conductores; y dos tractomulas fueron inmovilizadas y se estudia la aplicación de la extinción del dominio.
Además, los camioneros ya le devolvieron al Gobierno la propuesta de arreglo, con observaciones. Pero el mensaje es claro: para reiniciar la mesa deben garantizar la libre movilidad y cero agresiones.
UNIDAD INVESTIGATIVA
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