José Miguel Vivanco expresa con razón en este diario su preocupación por la censura que ejerce el Gobierno de Ecuador sobre los medios independientes y la limitación en ese país a la libertad de expresión (‘Correa sin censura’, 14 de julio del 2016). A Vivanco le llama la atención que la ley orgánica de comunicación, que se aprobó en ese país hace tres años, prohíbe “el linchamiento mediático”, que define como “difusión de información que (...) sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente (...) con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”. Añade Vivanco que “esta disposición es música para los oídos de quienes quieren esconder prácticas corruptas, conflictos de intereses o abusos de poder”.
En general, en las publicaciones de quienes velan por la libertad de prensa se expresan temores similares al uso del concepto de ‘linchamiento mediático’ por altos funcionarios (Eduardo Bertoni, ‘El ‘linchamiento mediático’: un concepto peligroso para la libertad de prensa’, en http://ebertoni.blogspot.com.co/2014/02/el-linchamiento-mediatico-un-concepto.html). Sin embargo, la otra cara de esta misma moneda es que si la concertación entre distintos medios y la publicación reiterada de una misma noticia se usan en efecto para desprestigiar deliberadamente a una persona, para obligarla a hacer algo, o para reducir su credibilidad, esto puede afectar seriamente su reputación, impedir el cumplimiento de su deber o limitar su derecho a expresarse y aun a defenderse. Se convertiría en un juicio sumario sin debido proceso y sin apelación posible, una seria violación de los derechos de la persona afectada.
Además, si en este procedimiento intervienen intereses privados que se benefician de esta acción mediática concertada, el asunto adquiere otra dimensión y esa práctica se envilece.
Y si en estos procedimientos mediáticos participan funcionarios públicos y autoridades con declaraciones aventuradas, también concertadas, que afectan la reputación y la credibilidad de las personas que son blanco de esta coordinación entre medios, las actuaciones de esos funcionarios pueden ir en contravía de su obligación de ser “garantes de los derechos fundamentales de las personas”. Dice Eduardo Bertoni en el blog ya citado que la responsabilidad por las palabras que usan es mayor en el caso de funcionarios de alto rango, y cita una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se refiere a la obligación de estos funcionarios de constatar en forma razonable los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y se les exige hacerlo con mayor diligencia que los particulares.
Es evidente, entonces, que si bien el concepto de ‘linchamiento mediático’ es peligroso para la libertad de prensa y que en manos de gobiernos autoritarios puede ser un arma letal, su utilización por los medios puede ser igualmente peligrosa para las libertades civiles, y sería mejor que los periodistas fueran extremadamente prudentes cuando se coordinan para darles mayor notoriedad a las noticias y las causas que los entusiasman; y que, para evitar constituirse en dictaduras mediáticas, se abstuvieran de abusar del poder que les confiere el manejo de esa información en forma coordinada y reiterativa. Lo que más inquieta de este tema es que la opinión colectiva de un grupo reducido de periodistas se “convierte en evangelio (...). Si alguien tiene una opinión divergente y tiene la temeridad de expresarla, corre el riesgo de ser juzgado y eviscerado por hacerlo”. (S. Kumar, ‘Dark Ages 2.0: The Return of Public Lynching’, The Huffington Post (blog), 07/14/2015).
Voy a dejar de escribir por un breve lapso para recargar energía para el plebiscito.
Rudolf Hommes