Es cuando menos preocupante que en una coyuntura en la que Colombia clama por vientos de renovación en la justicia, sus máximos operadores se cierren a la banda y se empeñen en negar cualquier posibilidad de reforma. Que den señales claras de apostarle a blindar un statu quo marcado por privilegios cada vez más disonantes con el sentir de la ciudadanía, que no comulga con el hecho de que en la cúspide de la Rama Judicial se consoliden cotos de poder.
Esta es la sensación que queda tras el fallo con el que la Corte Constitucional enterró el jueves pasado el Tribunal de Aforados, uno de los ejes del intento, cada vez más menguado, que hiciera el año pasado el Legislativo por introducir cambios en dicha Rama del Estado. Era una instancia que pretendía ser órgano de control de los magistrados y del Fiscal General de la Nación, con eficiencia y rigor jurídico, virtudes de las que, a todas luces, carece la Comisión de Acusación, esa que en cuarenta años solo ha acusado a un funcionario, el actual magistrado Jorge Pretelt.
Lo cierto es que las expectativas de gran parte del país iban en dirección contraria a la que tomó la Corte al pronunciarse el jueves. El anhelo que cada vez gana más fuerza es el de que termine la tendencia de los altos tribunales a no permitir cambios que hoy, cuando el sistema judicial, como varias veces lo hemos advertido desde estos renglones, alcanza niveles inéditos de impopularidad en las encuestas, parecen inaplazables. Cabe recordar, en este sentido, que más de una vez los altos tribunales han bloqueado intentos similares. Así ocurrió, entre otros, en 1978 durante el gobierno de Alfonso López y en 1981 durante el mandato de Julio César Turbay.
Y si la negativa a aceptar cualquier reforma detrás de la cual se esconda un cuestionable espíritu de cuerpo preocupa, los argumentos que la sostienen desconciertan. En particular aquel, presente en el fallo de marras, según el cual los congresistas que juzguen a los altos funcionarios bajo la jurisdicción de la Comisión de Acusación deben tener en cuenta “valoraciones asociadas a la estabilidad de las instituciones, a la protección del régimen constitucional o, en suma, al bien común”. En defensa de la Comisión y del actual procedimiento para investigar a estos altos dignatarios, la Corte plantea que las “valoraciones no se agotan en lo estrictamente jurídico”, lo que obliga a considerar “aquellas relativas a la estabilidad institucional, al bien común o a la convivencia”.
Ante este planteamiento, cabe la pregunta de si no es mejor garante de la mencionada estabilidad el demostrar en dichas posiciones una ética ejemplar, una honorabilidad sustentada en hechos; en suma, una conducta intachable, antes que cuestionables privilegios que no encajan fácilmente en un orden jurídico en el que la igualdad es valor supremo. Esto último es un tema particularmente sensible. El ciudadano de a pie percibe que los togados no se miden con el mismo rasero que utilizan en el ejercicio de sus cargos, lo que causa natural y comprensible molestia.
El mismo ciudadano detecta un afán por garantizar la intangibilidad que incluso puede darles la razón a quienes creen que en este punto, renuente a controles y reformas, la justicia puede incluso terminar propiciando un estado inconstitucional de cosas. Bien vale la reflexión sobre si los constituyentes de 1991 tenían en mente este régimen, que hace prácticamente intocables a las cabezas de la Rama y, por este mismo camino, condena a que cualquier llave que se forje para abrir la puerta de una reforma tenga como destino seguro el fondo del mar.
Pero la consecuencia que más alarma genera de esta actitud es que acaba nutriendo el arsenal de argumentos de quienes desde orillas opuestas insisten en la necesidad de una asamblea constituyente.
Como hemos sido reiterativos, tal remedio es mucho peor que la enfermedad, y eso debe quedar claro. Por varias razones, entre las que se destaca la inconveniencia para el país de confundir un esfuerzo por silenciar los fusiles con la coyuntura para una reforma integral del Estado. Una receta que, al salir del eventual horno de una reforma de la Constitución, daría como resultado un plato de anarquía y desestabilización. Entre otros motivos, porque la experiencia indica que nada garantiza que una instancia de este tipo, en caso de ser convocada, se mantenga dentro del cauce indicado. Es harto probable que esta ignore el fin específico y parcial que eventualmente se le asigne.
Justamente por eso, porque tal camino debe evitarse, a la Justicia le corresponde asumir una actitud diferente. Una que no implica, ni mucho menos, renunciar a la independencia que la Constitución le confiere, pero sí el cuestionarse por qué impedir cambios que no pretenden nada distinto a una necesaria armonización de la Rama con los valores esenciales de la Carta Política, utilizando las herramientas que esta dispone para ello.
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