Después de completar 40 días de agotadoras jornadas, tanto de negociaciones como de esperas porque alguna de las partes se levanta de la mesa, el acuerdo en el paro camionero sigue embolatado y los actos de desorden público de la semana dan señales de que aún no hay terreno abonado para superar las diferencias.
Cientos de camioneros se declaran confundidos, en desacuerdo con algunos de los negociadores o con sus métodos para ejercer presión al Gobierno, teniendo en cuenta que el balance policial registra 18 uniformados heridos y 75 personas detenidas.
Durante el paro más largo que ha tenido el sector transportador, en los puntos de concentración de las protestas ha habido bloqueo de vías, llantas quemadas, enfrentamientos con la fuerza antimotines (Esmad) y hasta presencia de encapuchados. (Lea también: 'Como padre de familia pido que me devuelvan el carro': camionero)
Algunos gremios del transporte terrestre de carga hoy son investigados por la Superintendencia de Transporte por “convocar, promover, facilitar e incitar a abstenerse de prestar el servicio e impedir su prestación”.
Además, Supertransporte suspendió 977 licencias de tránsito a vehículos que transportan carga.
Mientras tanto, en la mesa de negociaciones, donde están representados 1.900 de 384.000 camioneros, según fuentes del sector, el pliego de peticiones continúa empantanado en temas como chatarrización, tarifas del servicio y vehículos mal matriculados.
La polarización de las agremiaciones es evidente y no son pocos los que señalan que paralizaron sus actividades por intimidación y no por convicción.
Y no es para menos. Alrededor de los camioneros hay más de una docena de gremios, entre los de empresas, los de camioneros y los nuevos que surgen cada vez que hay paro, por diferencia de criterios. “Una de las consecuencias de los paros es que se multiplican los gremios”, expresa Juan Carlos Rodríguez, presidente de Colfecar, que agrupa a 140 empresas y moviliza 70 por ciento de la carga total en el país.
Quién está con quién
La ‘Cruzada camionera’ es la líder de la mesa de diálogo con el Gobierno. Está integrada por la ACC (Asociación Colombiana de Camioneros), que encabeza Pedro Aguilar; la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), dirigida por Orlando Ramírez; la Asociación Nacional de Transportadores (ANT), timoneada por Marcos Tovar, y la Confederación Colombiana de Transportadores (CCT), que tiene presencia en el altiplano cundiboyacense, Huila y Meta, presidida por Jorge García.
“Conformamos la cruzada y nos promulgamos en una movilización, motivados por los incumplimientos sistemáticos del Gobierno de las normas legales que regulan la materia y de acuerdos firmados con nosotros el 19 de marzo del 2015”, expresa Orlando Ramírez. (Además: Hay precios 'por las nubes' en mercados de las regiones por el paro)
La ACC, con sede en Cali, tiene 20 años de fundada y cuenta con 19 filiales en el país. Surgió como disidencia de la ATC, que tiene 30 años y representación en Antioquia, Eje Cafetero, Arauca, Bolívar y Córdoba. Apareció tras un paro y está integrada por transportadores propietarios de 50.000 vehículos, según Rodríguez.
Aunque la ‘Cruzada’ se percibe como mayoritaria, hay divisiones. Por ejemplo, la ACC tiene presidencias regionales que no están de acuerdo con todos los planteamientos que se negocian, expresa el presidente del Colfecar.
No obstante, para Orlando Ramírez “el 95 por ciento de los afiliados a este gremio está en inmovilización”, pero Ricardo Virviescas, de la Cámara Nacional del Transporte (CNT), expresa que “por convicción hay muy pocos en la protesta, pero por el miedo a que les dañen los carros, hay muchos. Prefieren parar en vez de estar reclamando un millón de pesos por un vidrio roto”.
Virviescas agrega que la CNT agrupa a 22.000 camiones, muchos de los cuales no salen a trabajar porque están desconcertados. “Hay un poco de mentiras e ilegalidades. Los carros no matriculados son ilegalidades que deben ser frenadas, pero legalizarlos es algo que está en la mesa de negociación”. Expresan que no participan en el paro por desacuerdo con volver a la tabla de fletes; en cambio, “abogamos por una estructura de costos eficiente”.
Por el contrario, Orlando Ramírez estima que no hay camioneros en paro por miedo y que los que salen a trabajar lo hacen porque algunas empresas, por la naturaleza de lo que transportan, los conducen a cumplir compromisos contractuales obligados. “Para nosotros ha sido un tema de conciencia camionera del sector transportador de carga. No podemos seguir bajo unas características tan distintas y tan difíciles. Llevamos 10 años retrasados en los fletes. Esto genera distorsión en las relaciones económicas, que le resta al sector eficiencia, efectividad y rentabilidad”.
Pero otra voz que se opone a la protesta, la de José Montealegre, de la Asociación Gremial de Transportadores (AGT), señala que este gremio cuenta con 5.000 afiliados y no está con el paro, pese a que “razones para una inmovilización las hay, pero no estamos de acuerdo con los negociadores que hay, en cómo han llevado esta situación de un paro con engaños, con amenazas. Parece más un paro armado que uno camionero. Nos tocó guardar los carros en un 50 por ciento por amenazas. Seguimos trabajando con poquitos en la medida de lo posible”.
Pero el “aguante”, al decir de Montealegre, ya no da para más. “Los camioneros llegan a decir a la oficina que tienen deudas. Yo les digo: ‘Pásenle las cuentas a Pedro Aguilar, que tiene amenazado al pueblo para que no salga a trabajar’”.
La percepción de Montealegre es que “al Gobierno le ha faltado mano dura. No se trata de que salgan a reventar a los camioneros, sino que hagan llegar la comida a las diferentes ciudades para que se acabe la presión”.
Su propuesta coincide con la de la CNT. “Ya es hora de que el Gobierno desatienda esa mesa y atienda a los que no participamos en el paro, porque no somos ni dos ni tres, duplicamos a los que están en paro”.
Juan Carlos Rodríguez, de Colfecar, además de calcular que las pérdidas por más de un mes de paro sobrepasan ya el billón de pesos, propuso ser mediador entre el Gobierno y los transportadores en cese, “con el fin de que llegar a una solución pacífica”. (Lea también: Violencia por paro de camioneros se desbordó en Boyacá)
El dirigente gremial recordó que en los puntos de la negociación no está un aspecto crucial para el desarrollo de los camioneros y es el de la oferta de servicios, la cual ha venido creciendo de la mano de la informalidad y la ilegalidad.
“Hay oferentes que no están habilitados (ilegales) y otros habilitados que no están prestando el servicio”, por lo que estima que atender este tema resolvería muchos inconvenientes de competitividad y bienestar para los camioneros.
‘Me obligaron a atravesar el camión’
Entre las acciones para contrarrestar los desmanes en las protestas del paro camionero, va una tractomula incautada, que puede ir a extinción de dominio; suspensión de licencias de tránsito a 977 vehículos de carga por obstruir vías; suspensión del pase a 321 conductores, y la investigación a seis propietarios por facilitar las obstrucciones, que puede llevar a multas de 482 millones de pesos.
Constantino Rodríguez, un conductor de 35 años, es el dueño de la tractomula que la Policía de Ibagué incautó el jueves con fines de extinción de dominio, al encontrarla atravesada en la vía. Rodríguez pidió que le devuelvan el vehículo adquirido cinco años atrás mediante un crédito bancario.
El automotor, un Ford 9000, avaluado en 120 millones de pesos, fue atravesado a la altura del barrio Boquerón, en la salida de Ibagué a Cajamarca (Tolima).
“Los mismos compañeros me obligaron, porque si uno no lo hace, ellos mismos le dañan a uno el carro”, aseguró el conductor que contrató los servicios de un abogado para la defensa jurídica, pues el vehículo quedó a disposición de la Fiscalía.
“Los policías nos encendieron con sus gases lacrimógenos y lo que hice fue bajarme del carro y correr; luego volví, pero la Policía se lo llevó con una grúa”, aseguró Rodríguez, quien ha participado en el paro camionero desde sus inicios, “pero siempre había tenido la mula a un costado de la carretera”.
Preocupación
Se le nota preocupado porque otros le han asegurado que debe responder penalmente. “Podría perder la mula si me aplican la figura de extinción de dominio (...). Me han metido mucho miedo, pero como padre de familia les pido a las autoridades que me devuelvan el carro con el que mantengo a mis dos hijos”, dijo el ciudadano, y narró que lo compró a través de un crédito, “pero todavía le debo plata al banco”.
EL TIEMPO