Con la reconstrucción de los hechos –en el punto donde se enfrentaron manifestantes y efectivos de la Policía–, investigadores del CTI de la Fiscalía buscan establecer a qué distancia y en qué condiciones un patrullero de la Policía disparó una granada de gas lacrimógeno que ocasionó la muerte de un joven en Duitama (Boyacá).
Con estos elementos, los agentes del CTI, que tienen a su cargo la investigación, pretenden verificar si hubo un uso inadecuado del lanzagranadas.
Además, el viernes fueron llamados a declarar dos patrulleros de la Policía, miembros del Escuadrón Antidisturbios y los cuales dieron a conocer su versión de los hechos. Los uniformados eran quienes tenían a su cargo el uso de los lanzagranadas.
Las dos armas quedaron en cadena de custodia para determinar en un análisis de laboratorio cuál de estas fue la que ocasionó la muerte del joven que estaba en la protesta camionera.
El fiscal encargado, Jorge Fernando Perdomo, aseguró que ya se había identificado al uniformado que lanzó la granada que impactó a Luis Orlando Saiz. “Se conoce que las características de las armas que usa el Esmad no tienen capacidad letal y sin embargo hay una persona muerta por un arma al parecer de esas, según ha dicho Medicina Legal. Entonces, tenemos que establecer si fueron bien utilizadas o si hay algún tipo de negligencia o intención en estos hechos”, dijo Perdomo.
Los investigadores también realizaron entrevistas, entre estas a cuatro testigos de los hechos. Uno de ellos, quien aseguró haber estado a escasa distancia de Saiz, manifestó que con otros líderes de la protesta les dijeron al alcalde de Duitama, Yamit Hurtado, y al comandante de Policía de Boyacá, coronel José Elías Baquero, que retiraran al Esmad porque “los policías estaban haciendo un uso excesivo de la fuerza”.
Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, expresó que incluso se plantea revisar los procedimientos del Esmad.
No es el único caso
Con la muerte de Luis Orlando Saiz, de 31 años, obrero de una fábrica de carrocerías en Duitama, ya son tres los casos ocurridos en circunstancias semejantes.
El primero sucedió en Bogotá, en donde Miguel Ángel Barbosa, estudiante de la Universidad Distrital, murió tras permanecer 31 días en coma luego de ser impactado, al parecer, por una granada de gas lacrimógeno.
El segundo de los casos se dio el 22 de mayo en el corregimiento de Arroyo de Piedra, jurisdicción de Luruaco (Atlántico). Un niño de 12 años, Brayan José Mancilla Ballestas, murió al ser impactado en su cabeza por una granada de gas lacrimógeno lanzada por un agente del Esmad.
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