Turquía intenta superar uno de sus momentos más difíciles de los últimos años, luego de que este viernes se produjera un intento de golpe de Estado por parte de una facción del Ejército. Su presidente Recep Tayyip Erdogan hizo un llamado al pueblo a resistir y defender la democracia, mientras que la comunidad internacional pidió evitar un derramamiento de sangre en el país.
Los golpistas acusaron al presidente Erdogan de haber establecido un "régimen autoritario del miedo". Entre las principales críticas que ha recibido el mandatario es su duro régimen de terror contra sus contradictores, pues en el país criticar al Gobierno puede salir costoso. En cabeza de Erdogan se han entablado casi 2.000 procesos judiciales en menos de dos años en contra de artistas, periodistas e incluso particulares.
Las denuncias se basan principalmente en dos artículos del código penal turco: el 125, que habla de "difamación de un funcionario en el ejercicio de su cargo", delito que prevé un máximo de tres años de cárcel; y el 299, sobre "socavar la imagen del jefe de Estado", pena que se castiga hasta con cuatro años de prisión.
El caso más reciente se presentó con la condena de un año y dos meses de prisión a Merve Büyüksaraç, una modelo que fue Miss Turquía en el año 2006, por haber compartido en su cuenta de Instagram un poema que contiene insultos contra el presidente.
El texto titulado ‘Poema del jefe’, no menciona en ningún momento el nombre del político, aunque por las referencias se puede inferir que habla sobre Erdogan, que era aún primer ministro en 2014, el año en el que Büyüksaraç compartió el poema.
Las denuncias del mandatario no tienen límite, pues incluso ha acusado a jóvenes por arrancar propaganda alusiva a su gobierno, mientras que la mayoría de los ciudadanos que son denunciados están acusados de injuriar al presidente turco en las redes sociales.
En días pasados, Ebru Umar, una columnista holandesa, fue detenida en Turquía por publicar algunos artículos que criticaban al presidente, y aunque, fue dejada en libertad, se le prohibió abandonar el país mientras se desarrollaba la investigación en su contra. Tras dos semanas de trabajo diplomático, la columnista pudo volver a Holanda.
Otro extranjero que fue denunciado por "insultar al presidente" mediante una sátira en televisión, fue el cómico alemán Jan Böhmermann. En Alemania y Holanda, existe el delito de "insulto a un dirigente extranjero", por lo que Erdogan quiere sacar provecho de esto.
El año pasado, el editor del diario Cumhuriyet, Can Dündar, y su representante en Ankara, Erdem Gül, fueron denunciados por publicar artículos en los que se informaba que los servicios de inteligencia turcos estaban haciendo llegar armas a grupos rebeldes en Siria. Erdogan había denunciado meses atrás a este periódico por reproducir una portada del semanario francés Charlie Hebdo.
Otro proceso judicial que se encuentra en desarrollo, es el de Canan Coskun, también periodista del diario Cumhuriyet, acusada de insultar a diez fiscales al asegurar que habían obtenido inmuebles a menor precio aprovechando las funciones y el poder de sus cargos.
Los ataques no son únicamente contra los periodistas, sino contra los medios en general, pues también se inició una investigación contra Dogan, uno de los mayores grupos de medios de Turquía, por supuesta propaganda terrorista. Erdogan ha tenido duros enfrentamientos con Aydin Dogan, propietario de este conglomerado de medios.
Según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras, sobre el estado de la libertad de prensa en el mundo, Turquía fue el país europeo que más periodistas encarceló en el 2015, además hasta finales del año pasado 11 periodistas fueron procesados por ese mismo delito y otros 19 estaban siendo investigados. Según el reporte varios comunicadores fueron despedidos por sus directores por realizar reportajes o comentarios críticos con el presidente Erdogan.
Estas denuncias han llevado a algunos a prisión y otros han afrontado duras multas. En numerosos casos, los insultos se han hecho a través de las redes sociales, lo que deja expuesto a cualquier ciudadano a enfrentarse a esta ruda política.
Por el momento la situación en el país es incierta, pues frente al actual intento de golpe de Estado, el Gobierno afirma que “los implicados en esta acción ilegal pagarán un precio muy alto”, mientras que los golpistas aseguran que su acción tiene como objetivo "asegurar y restaurar el orden constitucional, la democracia, los derechos humanos y las libertades y que prevalezca la ley suprema".
DIANA RINCÓN HENAO*
Con AFP