Tan injustificable es el cierre de los pasos fronterizos formales venezolano-colombianos que las razones dadas por Maduro hace casi un año para ordenarlo son las mismas que hoy exigen su apertura, y el desbordamiento de la situación lo ha hecho insostenible.
En su momento, Maduro habló de un ataque a un comando militar, sindicó a paramilitares colombianos, expulsó más de mil connacionales y presionó el éxodo de 15.000 más. Pero tanto allá como aquí hay todo tipo de grupos armados irregulares, con violentas estructuras criminales, que se disputan nexos con órganos de seguridad para el control de tráficos ilícitos. El cierre no los ha eliminado, ha reconfigurado trochas y usos de la ‘raya’ limítrofe, y dejó vivas las fuentes que los nutren –corrupción, ilegalidad, desfases cambiarios y de precios–. El cierre dividió fronteras que compartían su mercado laboral y el acceso a bienes y servicios, y quebró a ambos lados la producción y el comercio formal.
Otro pretexto: desabastecimiento por contrabando hacia Colombia. Pero el tráfico ilegal de bienes subvencionados no se acabó, encontró nuevas vías. Disminuyó hacia acá, se fue a Brasil y las islas vecinas, y solo se ha reducido por la caída del petróleo, que le impide al gobierno chavista importar bienes. El desabastecimiento es hoy peor. Maduro acaba de entregarles a los militares la distribución de comida, pues aumenta el desespero por colas, riñas, atracos y bachaqueros que se multiplican tanto como los precios. Venir a Colombia por comida, medicinas, repuestos es una válvula de escape. El 12 de junio, un grupo cruzó el puente de La Unión; el 5 de julio, 500 damas de blanco pasaron, y el 10 obligaron a abrir durante 14 horas los puentes de Paraguachón, Santander, Bolívar y Páez a 35.000 personas.
Antes, muchos colombianos emigraban a Venezuela en busca de trabajo o escapando de la violencia; ahora vienen, como los venezolanos, en busca de ingresos, bienes y salud. Esa es la vida en una frontera. Cuando hay cooperación intergubernamental, las articulaciones étnicas, sociales, empresariales y de autoridades locales encuentran soluciones, protegen ecosistemas, entrecruzan economías legales, generando empleos y bienestar a ambos lados; contrarrestan las amenazas transfronterizas con acciones conjuntas, mecanismos de vecindad, zonas de integración. Esa realidad no la consideró Maduro cuando sindicó a Colombia de problemas que son compartidos, ordenó el cierre militarizado e indefinido de los cinco pasos formales que existen en 2.219 km, e impuso el estado de excepción.
La solidaridad humanitaria desde Colombia requiere que no colapse la capacidad de respuesta ni se disparen el desempleo y subempleo. Urgen planes de emergencia y de largo plazo a fin de fortalecer una acción local que derrote la corrupción, abra paso a una institucionalidad eficaz, a iniciativas productivas, de reconversión de la informalidad, de protección ambiental.
Decisivas resultan las reuniones de ministros para que la reapertura de pasos legales se sustente en estrategias conjuntas de seguridad, de negocios energéticos y productivos de mutua conveniencia, de sistemas coordinados de cambios y precios. De lo contrario, la gasolina más barata del mundo, enfrentada a una de las más caras, seguirá reforzando contrabandos, mafias, criminalidad y violencia.
En esa frontera están enredadas las negociaciones con el Eln y se juega el fin de la guerra con las Farc. Allí repercuten las graves crisis de Venezuela, atrapada en el choque de poderes que anula reglas, quema opciones de salida e impide encarar la situación. Por eso es tan necesario seguir involucrando a la comunidad internacional en la emergencia y la normalización de las relaciones.
Socorro Ramírez