En 1961 tuvimos en Colombia un debate de gran profundidad y amplísimo despliegue en todas partes. La reforma agraria que promovió el entonces senador liberal, de bastante avanzada, Carlos Lleras Restrepo, que quedó plasmado en la Ley 135 de ese año, con la cual se pretendía cambiar las estructuras de la propiedad rural, que presentaba una clara y perjudicial inequidad, con altísima concentración en grandes latifundios en las mejores tierras, muchas de ellas mal utilizadas o inutilizadas, y rodeadas de minifundios y de pequeños arrendatarios y aparceros. Situación esta que en parte venía por tradición y en parte apoyada en la violencia conservadora-liberal que se generó a partir de los hechos del 9 de abril de 1948 y fue utilizada también para despojar de tierras a los campesinos.
A mucha gente pensante y al campesinado, la expedición de esa ley nos llenó de entusiasmo e ilusiones por el país. Pero la ley fue poco aplicada durante el gobierno de Guillermo León Valencia, 1962-66, y solo cuando llegó el doctor Lleras a la Presidencia de la República se dictaron medidas drásticas, incluida otra ley, la 1 del 68, para lograr efectividad en la obtención de sus objetivos. Y bastante se hizo, con gente muy profesional y honesta que puso al frente del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), creado para el efecto. Pero lo sucedió en el cargo Misael Pastrana Borrero a partir de 1970, y muy pronto la ‘Coalición político-terrateniente’, que contaba con gran poder político, echó todo por tierra; como lo afirma Carlos Villamil Chaux, gerente del Incora durante el gobierno de Lleras Restrepo, en su libro 'La reforma agraria del Frente Nacional': “Representantes muy destacados de los partidos políticos dominantes, con el apoyo del Gobierno Nacional, suscribieron, a comienzos de 1972, en las instalaciones de la Caja Agraria en Chicoral, Tolima, un ‘Acuerdo’ conocido como el Pacto de Chicoral, que luego se plasmó en la Ley 4 de 1973, que introdujo una serie de modificaciones a la Ley 135 de 1961 y la tornaron inaplicable, dando así término al intento del Frente Nacional de modificar por medios legales la estructura de tenencia de la tierra en beneficio de los campesinos colombianos”.
La decepción y profundas dudas sobre la viabilidad del cambio mediante la ley, por las buenas, reemplazaron el entusiasmo y las ilusiones que habían llenado a muchos colombianos y dieron claros argumentos, razones y más impulso al movimiento guerrillero en este país, particularmente el de las Farc, que habían nacido unos diez años antes como reacción y respuesta de cuarenta y ocho campesinos, hombres y mujeres, autodenominados comunistas, cosa prohibida entonces, al grave crimen y error oficial de intentar exterminarlos porque, alzados en armas para sobrevivir en medio de la violencia conservadora-liberal ya mencionada y que azotaba los campos de Colombia, totalmente desprotegidos, querían aislarse y defenderse por sus propios medios y fueron acusados de estar montando la ‘República Independiente de Marquetalia’, engendro que se quiso desaparecer sin siquiera escucharlos.
Dando un salto a lo actual (2016), resulta bien claro por qué en la agenda de las negociaciones de paz en La Habana lo del agro ocupa el primer lugar, y también por qué todos los acuerdos a los que se llegue en esas negociaciones deben ser fuertemente blindados.
Jorge Eduardo Cock