Constitución y revolución territorial congelada

Constitución y revolución territorial congelada

Política y economía feudal mantienen cerrada la puerta de la revolución territorial.

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15 de julio 2016 , 05:21 p.m.

La revolución territorial que impulsamos hace 25 años con el sociólogo costeño Orlando Fals Borda, en el escenario constituyente, se mantiene congelada hasta la fecha. Muy poco se ha avanzado en el ordenamiento provincial,  que como ha sido tradicional, no tiene reconocimiento normativo, y sobrevive en muchas regiones como referente de identidad geográfica, al igual que la regionalización, a pesar de varias dinámicas participativas como el 'Voto Caribe'. Este es un proceso plagado de pobreza en atribuciones con poderes reales y, en la LOOT, no existe hoja de ruta para avanzar como entidad territorial (solo una Región de Planificación se ha constituido) para no hablar de las dificultades y tropiezos enormes que ha tenido el reconocimiento de los territorios de las comunidades indígenas y las tierras de los raizales.

Muchas son las conjeturas que se hacen sobre el orden territorial frenado. Los políticos, por ejemplo, dicen no tener interés en propiciar un nuevo orden que les desordene la cauda electoral que los mantiene. Esto coincide con el interés de varios gremios, especialmente los de la economía agraria, de mantener una estructura territorial beneficiosa en los procesos de acumulación y control de las economías, varias de ellas ilegales. Incluso se han escuchado propuestas rabiosas de muros divisorios de contención de la mezcla de la diversidad étnica. Así pues, política y economía de naturaleza feudal mantienen la puerta cerrada de la revolución territorial plasmada y reconocida en la Carta de 1991.

La misma revolución en el ámbito urbano, sobre todo en las grandes ciudades, tiene dificultades. La posibilidad de los Distritos Metropolitanos (asociación de entidades territoriales de municipios autónomos) dejó en el orden constitucional el derecho a la asociación metropolitana. Sin embargo, para el caso de Bogotá, por ejemplo, a los congresistas de dichos territorios, hablo de los representantes a la Cámara y de los senadores que en la capital tienen el reservorio electoral, el tema poco les seduce. Siguen indiferentes y reacios en el impulso de la asociación metropolitana, quizá por la misma razón de mantener las cosas como están, porque dominan la lógica electoral de un desorden que daña el territorio y hace costosas las oportunidades de competitividad y sostenibilidad, pero que abarata la campaña electoral. Entonces, las urgencias más allá de las fronteras político- administrativas de Bogotá quedan en lo que indiquen los humores o los negocios de los alcaldes de turno.

La visión de un territorio diverso, compartido y desarrollado en consensos metropolitanos se extravía, muchas veces, en las pendencias menores o negocios particulares de gremios que, más allá del interés particular que representan o les anima, poco les importa el orden territorial normativo que beneficie a actores nuevos, tradicionalmente excluidos.

Y mientras la hoja de ruta del ordenamiento territorial duerme en la voluntad política de los legisladores, el desorden mata el territorio en la lógica impuesta desde la “ley del más fuerte”. Trazados de vías y peajes; anuncios de urbanización de reservas ambientales; desagregación de áreas protegidas para permitir su urbanización; desgreño minero; aumento de la contaminación de los recursos hídricos, en especial la desecación de humedales y la contención de ríos con murallas de jarillones, entre otros, constituyen la dinámica irracional de la ocupación del territorio. Un cuarto de siglo después, ajenos a los nuevos imperativos del cambio climático, sigue la tarea pendiente con el territorio.


Héctor Pineda

*Constituyente de 1991

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