Un convenio interadministrativo de cooperación firmado entre el alcalde de Villavicencio, Wílmar Orlando Barbosa, y el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, le permitirá al municipio legalizar por lo menos 8.000 predios urbanos y rurales.
El convenio incluye la vinculación de un equipo humano, técnico y logístico de la Super y la Alcaldía que trabajará en el saneamiento, titulación y formalización de la propiedad inmobiliaria rural y urbana.
William Aranda Vargas, director regional Orinoquia y Amazonia de la Superintendencia de Notariado y Registro, informó que el proceso está encaminado a la tenencia de una vivienda digna.
Al final de la legalización de los predios el municipio podrá iniciar el proceso de recaudo del impuesto predial de los bienes y los nuevos propietarios contarán con el registro para vender o hipotecar el predio dentro del marco de la ley para acceder a créditos, con el agregado de que un bien que esté saneado se va a valorizar en el mercado inmobiliario.
“Vamos a trabajar de manera conjunta con el IGAC, la Secretaría de Hacienda, la Oficina Jurídica y las empresas de Servicios Públicos porque el objetivo es formalizar el tipo de predios que estén en ocupación o tenencia irregular con el efecto de legalizarlos”, dice Aranda.
El jefe de la Oficina Jurídica del municipio, Germán Andrés Pineda, informó que en el proceso hay que verificar el tipo de uso del suelo permitido.
“No podemos legalizar predios que estén en las rondas de los caños o en zonas de riesgo de avalanchas. Por eso hay que trabajar de la mano de la Secretaría de Planeación”, precisó Pineda.
A cada persona le van abrir un expediente, con un estudio socioeconómico y topográfico.
Ante la Asamblea del Meta van a presentar un proyecto de ordenanza con el fin de exonerar del pago de los gastos de registro a las personas que sean beneficiadas con la legalización de los inmuebles.
Así lo dio a conocer el director regional de la Superintendencia de Notariado y Registro, William Aranda, al revelar que hay “personas que tienen la escritura debajo del brazo pero no la han registrado”, lo cual “no los hace propietarios”, con posesiones de más de 10 y 20 años.
El convenio interadministrativo también incluye la legalización de los bienes de uso fiscal del municipio con el fin de contrarrestar las invasiones. “Cuando haya una invasión vamos a tener el documento que oficializa la propiedad del terreno”, afirma el jefe de la Oficina Jurídica, Andrés Pineda.
Sin precisar a cuáles predios se refiere, Pineda afirmó que en el plan serán incluidos los bienes inmuebles ubicados en conjuntos y barrios que fueron entregados a los beneficiarios de programas de vivienda “para tomarse la foto”, pero que no están legalizados con escrituras ni registros.
“Hay que tener estricto control del proceso para evitar que personas inescrupulosas, que no se vayan a mezclar los mercantilistas porque el propósito es la función social de la propiedad”, dijo Aranda.
REDACCIÓN LLANO SIE7EDÍAS