La Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) abrió procesos administrativos a siete extractoras de palma en el Magdalena Medio porque, al parecer, estarían incumpliendo algunas condiciones de los planes de manejo ambiental con los que se evita la contaminación de las fuentes hídricas.
Tras una revisión al trabajo de las empresas instaladas en los municipios de Sabana de Torres, Puerto Wilches y Simacota expertos de la CAS hallaron que algunos permisos ambientales para concesión de aguas, vertimientos y emisiones atmosféricas se encuentran vencidos o en proceso de renovación.
Flor María Rangel, directora de la entidad, indicó que el tema más delicado es el tratamiento del lodo que sale de las extractoras pues en época de lluvia, y con deficiente tratamiento, puede saturar las quebradas y ríos de la región.
“Técnicos y jurídicos de la CAS están revisando la situación para en máximo 20 ó 30 días resolverles a las empresas sus procesos. Los representantes legales y equipos técnicos de las palmicultoras tienen una responsabilidad económica con su comunidad, con sus empresas, pero también en los sectores social y ambiental”, agregó la funcionaria.
En la investigación oficial se trata de determinar que habría originado el incumplimiento con la obligación ambiental pues dos extractoras estarían en una etapa de amonestación y cinco presentan un estado que ameritaría el cierre por los incumplimientos.
Rangel aseguró que, por ahora, no se contempla la aplicación de los cierres, por el impacto social que implicaría esa acción en la región, y porque los directivos de las empresas se comprometieron en realizar en el menor tiempo todos los ajustes y trámites pertinentes para aliviar la situación.
Empresas trabajan en el tema
Los representantes de las palmicultoras señalaron que están trabajando en la actualización de la información que requiere la CAS pues, según ellos, no estarían cometiendo ningún tipo de contaminación.
Andrés Carvajal, delegado gremial de la regional Zona Central de Fedepalma, indicó que las empresas son conscientes de las normas ambientales que deben cumplir y aseguró que los hallazgos de la CAS son “normales” porque hay empresas que están en proceso de certificación y otras que presentaron documentos y no han obtenido respuestas.
“Se están revisando carpeta por carpeta y se determinaron unos plazos para que las extractoras presenten la documentación pendiente. No hay sanción, ni suspensión, ni está programado cerrar. Lo que se pactó con la CAS fue que al 29 de junio pasado todas las extractoras debían presentar documentación soporte para obtener los permisos. Hubo unos cambios en la reglamentación, eso fue lo que pasó”, dijo Carvajal.
Pero James Murillo, director de la Ong ambiental Cabildo Verde considera que las cosas no están tan bien como lo enuncian los palmicultores.
Según el biólogo, destacado por el cuidado de los manatíes que habitan en la ciénaga Paredes, en Sabana de Torres, dos empresas estarían virtiendo sus líquidos sin un tratamiento óptimo a la quebrada La Gómez que desemboca precisamente en la ciénaga Paredes.
“En particular los olores ofensivos es una constante frente al tema del manejo y tratamiento para el manejo de aguas residuales. Ya se han presentado problemas serios de contaminación en febrero del 2007 y en marzo del 2014 con varias extractoras”, manifestó el ambientalista.
Andrés Carvajal, de Fedepalma, aseguró que la Ong no ha comunicado sus inquietudes a las empresas y agregó que ninguna de las empresas en Puerto Wilches y Sabana de Torres presentan vencimiento en el tratamiento de agua y vertimientos.
Los palmicultores no atraviesan por su mejor época pues a la problemática generada por la aparición del hongo conocido como PC (pudrición del cogollo), y que destruyó cerca de 30.000 hectáreas de sus cultivos, a los palmicultores de Santander les surgieron nuevos inconvenientes con las medidas arancelarias adoptadas por el Gobierno para combatir la inflación.
Cuando apenas se reponían levemente de la enfermedad que afectó el 70% de sus plantaciones, en los municipios de Puerto Wilches y Sabana de Torres, el Gobierno Nacional redujo a cero el arancel del 22% a las importaciones de aceites vegetales y suspendió las franjas de precios para sus productos.
BUCARAMANGA