Hace cuatro años, cuando el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios César González Muñoz (q.e.p.d.) cuestionó si los recursos que las empresas de generación de energía reciben por el llamado cargo por confiabilidad tenían un buen uso o si estaban alimentando las tesorerías de algunas empresas, hubo revuelo, escozor y hasta indignación en el sector eléctrico.
Pero casi cuatro años después la Contraloría General de la República encontró que no todas las compañías les dan el uso indicado a estos recursos que los usuarios pagan cada mes en sus facturas para tener un suministro de luz sin interrupciones.
Ese es el resultado de una actuación especial de fiscalización de la Contraloría realizada con motivo del aumento de las tarifas, aprobado en el 2015 por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y el Ministerio de Minas y Energía, para salvar a algunas termoeléctricas.
Pero además, la entidad recalcó que las medidas aplicadas para tal fin habrían pasado por alto la ley, al haber avalado incrementos para recuperar pérdidas patrimoniales de los agentes.
Adicionalmente, en el informe de la Contraloría se destaca que luego de que la Creg ordenara mantener un precio de escasez fijo para preservar los ingresos de los generadores, para que estos no siguieran bajando a causa de la caída del indicador de referencia (el precio de un derivado del petróleo llamado fuel oil número 6), los generadores hidráulicos obtendrían una ganancia de al menos 4,45 billones de pesos, durante los seis meses de vigencia de la medida.
El organismo de control advierte que desde el punto de vista legal, la medida puede considerarse contraria a la ley de servicios públicos (Ley 142 de 1994), cuyo artículo 94 establece de forma clara y precisa que “de acuerdo con los principios de eficiencia y suficiencia financiera, y dada la necesidad de lograr un adecuado equilibrio entre ellos, no se permitirán alzas destinadas a recuperar pérdidas patrimoniales”.
Dicho artículo también señala que la recuperación patrimonial deberá hacerse, exclusivamente, con nuevos aportes de capital de los socios, o con cargo a las reservas de la empresa o a sus nuevas utilidades.
“Esto se constituye en un traslado efectivo, irregular e ilegal a los usuarios, de las pérdidas de corto plazo que pudieron tener aquellos agentes cuyos costos de producción sobrepasan la remuneración recibida (precio de escasez)”, indicó la entidad en el documento.
Alto impacto
Y debido a los recursos que el Gobierno tuvo que asumir vía subsidios por estas alzas, se encontró que habría un detrimento patrimonial estimado en 53.700 millones de pesos, del Fondo de Subsidios de Energía.
Lo anterior porque, según la Contraloría General de la República, el incremento en las tarifas para aliviar las pérdidas de los generadores térmicos que operan con combustibles líquidos costará finalmente 476.539 millones de pesos, lo cual se constituye en un traslado efectivo de las pérdidas económicas de las empresas a los usuarios. Cada mes la demanda deberá asumir, según el documento, un pago extra de 79.423 millones.
Al comienzo de la crisis de los generadores térmicos que operan con combustibles líquidos o gas, y que se quedaron sin este último para producir la energía a un menor costo, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) estimó que el golpe para los usuarios sería de 1,49 billones de pesos.
Algunos casos
Asimismo, en el documento se subraya que los recursos obtenidos del cargo por confiabilidad se registran como ingresos y dentro del flujo de efectivo hacen parte de las actividades de operación, de tal forma que si la utilidad es positiva, este efectivo puede costear las actividades de operación deficitarias y las actividades de inversión como los aumentos de activos fijos o intangibles; pero cuando la utilidad es negativa, este resultado reduce el efectivo disponible para la inversión.
Al analizar las cifras de las empresas, se encontró que, mientras en EPM el cargo por confiabilidad solo representó en promedio el 17 por ciento de sus ingresos operacionales entre el 2006 y el 2015, en Termocandelaria, la térmica que fue intervenida por quedar financieramente inviable para cumplir con sus obligaciones de generación de energía, los resultados muestran que el crecimiento promedio de sus ingresos es de 1,9 por ciento en el mismo periodo, muy por debajo del ritmo de crecimiento de las generadoras hidráulicas analizadas.
Los vacíos del cargo por confiabilidad
Según el informe final de esta actuación especial, aunque en la Resolución 071 del 2006, expedida por la Creg (en la que se fijó la forma de remunerar el cargo por confiabilidad) se indica que el cargo se transfiere para mantener disponibles las plantas para cubrir las obligaciones de energía en firme o energía que se comprometen a entregar las generadoras, las empresas no le dan esa utilización.
“Lo incorporan como otro ingreso operacional en sus estados de resultados y termina cubriendo de manera general todos los costos y gastos, incluyendo los costos administrativos, los intereses bancarios e impuestos; sin que se destinen exclusivamente a la inversión y mantenimiento de las plantas comprometidas dentro del esquema”, señala el documento.
Para llegar a esta conclusión, la Contraloría General de la República hizo un análisis de las inversiones y demás usos potenciales, solicitando información financiera y operativa a las empresas generadoras más representativas.
De un total de 15 compañías contactadas, solamente ocho remitieron la información. Las firmas que reportaron los datos fueron Empresas Públicas de Medellín (EPM), AES Chivor, Empresa Urrá, Termocandelaria, Termoemcali, Gecelca, Proeléctrica e Isagén, ahora controlada por el fondo de inversiones canadiense Brookfield. El análisis se hizo sobre estas firmas, que entre el 2006 y el 2015 recibieron 8,7 billones de pesos del cargo por confiabilidad.
Las generadoras que no suministraron datos fueron Emgesa, Zona Franca Celsia (Termoflores), Epsa (controlada por Celsia), Gensa, Termotasajero, Termoyopal y Poliobras.
Según el contralor general, Edgardo Maya Villazón, las empresas no solo no le están dando el uso indicado por el regulador al cargo por confiabilidad, sino que pueden incurrir en riesgos de iliquidez para la época en que se hacen exigibles las obligaciones de energía en firme (OEF), convirtiéndolo en un riesgo para el sistema.
Y advierte que este hecho tiene una mayor probabilidad de materializarse en el caso de las empresas térmicas, que tienen una alta dependencia de los recursos del cargo para su operación.
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