Luego de la expectativa que generó entre los usuarios, y la polémica que desató en el gremio de las aerolíneas, el presidente Juan Manuel Santos no le dio su aval al proyecto de ley que tenía como fin –entre otras cosas– eliminar el pago de multas en los tiquetes aéreos.
La decisión se tomó luego de que la oficina jurídica de la Casa de Nariño estableciera que esa norma –por su contenido– debió haberse tramitado por las comisiones primeras o sextas del Legislativo, y no por las terceras como se hizo.
En el pliego de objeciones que se le envió al Congreso, conocido por EL TIEMPO, Santos argumentó que el contenido y objetivo de este proyecto de ley estaba más relacionado con la protección al usuario del servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros que con una simple reforma al Estatuto del Consumidor.
Es por eso que, citando jurisprudencia de la Corte Constitucional, el Gobierno consideró que el trámite de la iniciativa se debió dar por una comisión distinta a la que se usó.
“Dado que la materia objeto de regulación fueron desde un comienzo los derechos de los usuarios del servicio de transporte aéreo de pasajeros, el proyecto de ley de la referencia debió ser tramitado para primer debate por la Comisión Primera o Sexta de cada Cámara, pero en ningún caso por la Comisión Tercera”, precisó Palacio.
Pero ¿cuál era el contenido del proyecto? Los aspectos que despertaron mayor interés están relacionados con que los pasajeros que compraran un tiquete tendrían tres días para retractarse del viaje y les devolverían el dinero sin ninguna penalidad.
Además, de acuerdo con lo aprobado en junio pasado, los usuarios podrían cambiar la fecha de su vuelo en cualquier momento; pero si lo hacían dentro de los ocho días anteriores al viaje, se les cobraría una multa que, según el salario mínimo vigente, sería de unos 30.000 pesos.
Y, entre otras cosas, si el tiquete tenía un error de ortografía en el nombre del pasajero, este debía ser corregido sin que se le cobrara al usuario ningún tipo de sanción. Todo esto no aplicaba para las tarifas promocionales.
Generó polémica
El trámite de esta norma en el Capitolio no estuvo exento de una dura polémica, pues –según lo dijeron varios congresistas en su momento– las aerolíneas hicieron un fuerte cabildeo para, supuestamente, bloquear su aprobación.
De hecho, durante los debates en el Congreso se conocieron opiniones de las aerolíneas que advertían que –a su juicio– al eliminar el pago de multas a los usuarios, los costos finales de los tiquetes podrían aumentar de forma muy significativa.
Estas compañías argumentaron en su momento que cada empresa, entre otras cosas, tiene el deber de cubrir el costo mínimo del viaje y el derecho a obtener alguna utilidad.
Otro argumento de Santos para objetar la nor¦ma es que se le incluyó un artículo que habla sobre la necesidad de publicar cada seis meses el costo promedio de los tiquetes, tarea que se le había encomendado a la Aeronáutica Civil.
El pliego de objeciones asegura –sobre ese ítem– que “no fue aprobado en la plenaria del Senado y que la comisión accidental de conciliación desbordó su competencia constitucional, pues incorporó un artículo que no fue debatido ni aprobado por la plenaria de una de las dos cámaras”.
Así las cosas, de acuerdo con la Casa de Nariño, este proyecto de ley “viola” los artículos 142, 151, 157 y 161 de la Constitución, por lo que debe ser objetado.
El autor de la iniciativa, el representante de ‘la U’ Eduardo Crissien, le aseguró a EL TIEMPO que esta decisión de Palacio “es una salida jurídica bastante particular e inaudita”.
Crissien no descartó que las aerolíneas debieron haber ejercido algún tipo de presión para que se objetara la norma y calificó el hecho como “un golpe” a los usuarios.
“Estoy seguro de que el Congreso no aceptará las objeciones del Presidente”, anunció el legislador.
Lo cierto es que las multas siguen vigentes, pues la norma que las eliminaba fue objetada, y si el Congreso rechaza los argumentos de Santos, esta iniciativa pasará a estudio de la Corte Constitucional para definir si el Legislativo o la Casa de Nariño tiene la razón.
DANIEL VALERO
Redacción Política
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