Estaba en mora el Gobierno a la hora de tomar medidas para contener los efectos del paro de transportadores que desde hace más de seis semanas afecta el normal desarrollo de las actividades en buena parte del territorio nacional. Los reportes provenientes de diferentes puntos de la geografía hablan de dificultades en materia de movilidad intermunicipal y de encarecimiento de los alimentos, por las complicaciones para que funcionen adecuadamente las cadenas de abastecimiento.
Y es que, por más que el derecho a la protesta merezca ser respetado, una cosa son las peticiones que se hacen dentro de los conductos establecidos y otra es llegar a las vías de hecho, que incluyen la intimidación y la amenaza. A la redacción de esta Casa Editorial, por ejemplo, han llegado testimonios de personas y empresas que quisieran sacar sus vehículos a la carretera, pero que no lo hacen debido a las presiones recibidas.
Ante esa situación, el Ejecutivo está en la obligación de defender el bien común sobre el particular, como lo señaló este jueves el propio Juan Manuel Santos desde la Casa de Nariño. Entre las disposiciones adoptadas están la inmovilización de los camiones que se usen para bloquear las vías, la cancelación de licencias a los conductores que participen en bloqueos y la suspensión de licencias de operación a las empresas de carga, con multas que pueden llegar a los 480 millones de pesos.
Junto con lo anterior, la Administración necesita imponer el orden mediante el uso de efectivos de la Fuerza Pública. Casos como el del Gobernador de Boyacá, hospitalizado y convaleciente, cuya caravana se accidentó debido al vandalismo, no pueden repetirse. Hay que deplorar igualmente la muerte de una persona en la población de Duitama, víctima inocente de los choques que suceden cuando se trata de evitar excesos.
Sin embargo, aquí no se puede invertir la carga de la prueba. Los responsables de la situación no son otros que los líderes de un puñado de agremiaciones minoritarias que hacen peticiones inaceptables, las cuales incluirían un alza de hasta del 40 por ciento en los fletes, aparte de flexibilizar el mecanismo de la chatarrización, ya suficientemente cuestionado.
Ante la probabilidad de que sean los consumidores y el aparato productivo los que paguen los platos rotos de un sector en el que abundan las ineficiencias y las prácticas oscuras, es fundamental responder con un no rotundo. Lo que está en juego es la posibilidad de que la competitividad de la producción nacional suba y el país logre incrementar sus exportaciones de bienes con valor agregado.
Pero nada de eso será posible si la táctica del chantaje se impone. Debido a ello, el Gobierno está obligado a mantenerse firme, lo cual comprende rechazar la posibilidad de reinstituir la tabla de fletes o la de reducir los peajes en beneficio de unos pocos.
Es mucho lo que se puede hacer en lo que atañe a la logística, no hay duda. Los tiempos muertos en los puertos o ciertas disposiciones administrativas ameritan revisarse. Pero eso es muy diferente a ceder a la extorsión de un grupo de camioneros que solo piensan en su bolsillo, sin importarles el bienestar de sus congéneres.
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