Con Colombia enfrascada en el debate enrarecido entre el ‘sí a la paz’ y el ‘no a la impunidad’, un elemento esencial poco figura en la discusión pública: el contenido de los acuerdos.
Los acuerdos de La Habana apuntan a las deudas históricas que Colombia tiene pendientes. La falta de información sobre su contenido alimenta el escepticismo. La discusión pública no versa sobre lo que dicen los acuerdos, sino sobre interpretaciones de los acuerdos. Lo convenido va al corazón de desigualdades y problemas que esta sociedad arrastra hace décadas y que es interés de una gigantesca mayoría resolver. Por eso, hay muchas más razones para la esperanza que para el pesimismo. Y también, tan notoria oposición. En esto debería centrarse la discusión pública.
Los acuerdos ponen fin al conflicto armado entre el Estado y la principal insurgencia del hemisferio, que en medio siglo ha dejado ocho millones de víctimas. Aun si la negociación con el Eln no resulta y el narcotráfico y el crimen organizado siguieran intactos, el solo alivio que esto representa para millones de personas es justificación suficiente. Basta preguntar a cualquiera que haya vivido en zona de guerra.
Los acuerdos apuntan a la deuda histórica con el campo. En diez años, se planea eliminar la pobreza extrema y reducir a la mitad la pobreza en el mundo rural. Planes de desarrollo territoriales, con participación de los campesinos; 14 grandes proyectos de construcción de vías, de salud, electrificación, educación y generación de economías sostenibles; un sistema de catastro y pago de predial y una titulación masiva de predios pueden traer por fin al campo del siglo XIX al XXI una brecha con las ciudades que ha sido clave en la persistencia del conflicto.
Los acuerdos amplían la recortada y excluyente democracia colombiana, otro elemento en la base del conflicto. Se dan garantías para que la gente proteste; se pone en pie un sistema de seguridad para que políticos y líderes sociales no sigan siendo amenazados y asesinados; habrá reformas del sistema electoral y de partidos y, por fin, un Estatuto de la Oposición y mecanismos ciertos de participación ciudadana, dos de las grandes deudas de la Constitución del 91.
Los acuerdos reenfocan el visible fracaso de la política de ‘guerra contra las drogas’. Con la participación de las Farc, la sustitución de cultivos de coca puede representar un verdadero giro en este fenómeno en Colombia y una alternativa de vida para las 75.000 familias cultivadoras.
Los acuerdos dicen que habrá verdad. Saber qué pasó, cómo pasó y por qué pasó incomoda intereses poderosos ligados a los perpetradores, pero es una aspiración de millones de humildes que sufrieron en estas décadas. Habrá una comisión de la verdad; se buscará e identificará a los desaparecidos; se juzgará a los principales responsables de los crímenes, en la guerrilla, en el Estado y entre civiles y militares; y se podrán redoblar esfuerzos en la reparación de las víctimas y la devolución de sus tierras despojadas.
Los acuerdos son los primeros en el mundo en los que un movimiento guerrillero y el Estado y sus agentes aceptan no solo pasar por un sistema judicial, recibir una pena y cumplirla, sino contar la verdad de sus crímenes y reparar a las víctimas. No habrá impunidad; habrá verdad, castigo y reparación.
Los acuerdos son el fin de las Farc como organización armada y su paso a la política, con garantías. Las Farc han acordado un calendario para, al cabo de seis meses, dejar sus armas en manos de la ONU para construir tres monumentos.
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Mucha gente discute no sobre lo que dicen los acuerdos, sino sobre lo que otros opinan de los acuerdos. Es hora de hablar de su contenido. Ese es el que puede cambiar a Colombia.
Álvaro Sierra Restrepo
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