Conocido como Ley del Actor, el proyecto de ley 163 del 2016 ‒aprobado, sin modificaciones, en primer debate el pasado 15 de junio‒ ha suscitado polémica entre los gremios del mundo cinematográfico y en el de los actores (Asociación Colombiana de Actores, ACA), y conversaciones cordiales para estudiar las consecuencias inconvenientes que sobre la actividad cinematográfica en general tendrían ciertos artículos del mencionado proyecto.
La Mesa de Gremios del Sector Audiovisual Colombiano (que agrupa las asociaciones de guionistas, directores, productores, artistas, montajistas, posproductores, técnicos, sonidistas, fotógrafos, animadores, documentalistas) ha expedido un largo y razonado documento para analizar los aspectos positivos o negativos del proyecto de ley 163, tal como fue radicado y se viene debatiendo en la Comisión Séptima del Senado, y manifestar sus inquietudes y preocupaciones, sin otro ánimo que el de llegar a un consenso con la ACA para reestructurar un proyecto que, como está, no va a favorecer a los actores, pero sí pondrá en serio peligro la todavía frágil industria cinematográfica colombiana.
El artículo más cuestionado del proyecto de ley de protección a los actores es el que establece una contratación obligatoria del noventa por ciento de actores colombianos en cualquier producción audiovisual realizada en el país. La Mesa de Gremios del Sector Audiovisual dice al respecto, en su comunicado, lo siguiente:
“… el proyecto de ley, al establecer una cuota del 90 % de actores acreditados por su Comité de Acreditación Actoral, contraviene las leyes 814 y 1556, así como acuerdos bilaterales e iberoamericanos de coproducción porque desconoce las condiciones propias de usos y costumbres de la producción cinematográfica. Hace inviable en Colombia la producción y coproducción cinematográfica y la ejecución de las leyes 814 y 1556, condicionando a cualquier cortometraje, documental o largometraje de ficción o animación, realizado en el territorio colombiano y beneficiado con recursos públicos”.
La anterior, y otra serie de amplias consideraciones en el documento, son, o deberían ser, suficientes para inducir a los legisladores a examinar con más atención el proyecto, y a tener en cuenta las observaciones de los gremios cinematográficos, que hasta el momento han sido ignoradas por la Honorable Comisión Séptima, como ocurrió con los conceptos jurídicos radicados en el Senado por Proimágenes Colombia y Asocinde los días 11 de mayo (un mes y pico antes de la aprobación en primer debate) y 21 y 27 de junio.
Si bien comparto en su totalidad los argumentos expuestos por La Mesa de Gremios del Sector Audiovisual, y entiendo también la aspiración de los actores a conseguir protección legal para su trabajo, mi interés en este asunto no es de orden cinematográfico ni actoral, sino puramente social.
Me refiero a que ese tipo de leyes que brindan apoyo especial al trabajo de determinados sectores (convirtiéndolos en privilegiados por la ley) contraviene lo dispuesto por la Constitución Nacional, tanto en su artículo 1.° que define a Colombia como una república “fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”, como en los artículos 13, 25 (“El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado”) y 26, que especifica dos modalidades de trabajo: la profesional, que exige formación académica, y los oficios, que no requieren tal formación. A esta última pertenecemos la mayoría de los trabajadores, valga decir, los que ejercemos oficios como escribir, pintar, componer, actuar, fotografiar, echar pico y pala, o cualesquiera otros reconocidos por la ley y que no demandan título profesional.
Las leyes que, por ejemplo el proyecto 163 del 2016, se hacen para proteger a una fracción laboral, como los actores, son normas excluyentes que violan las disposiciones constitucionales. La Carta de 1991 considera, y así debe ser, el trabajo como una unidad que goza de la “especial protección del Estado”. No debe, entonces, haber leyes que irriguen protección para unos sectores del trabajo y dejen a los demás por fuera.
El trabajo, en sus distintos oficios y profesiones, es uno solo ante la ley, y la ley debe brindarles a todos los trabajadores la “protección especial” que dispone la Constitución. Con el respeto que los actores me merecen, y que siento igual por cuantos se ganan la vida con su trabajo honrado, pienso que el proyecto de ley 163 del 2016 es un desplante discriminatorio que perjudica a los mismos a quienes quiere privilegiar.
Enrique Santos Molano