Con bombos, el Gobierno y las Farc anunciaron que habían llegado a acuerdos en los pendientes del punto 2 de participación política y hasta los llamaron ‘Nueva apertura democrática para la paz’. El comunicado habla de que se elaborará un proyecto de ley del tan trillado y a la vez incomprendido estatuto de la oposición, que se presentará otro proyecto de garantías y promoción de la participación ciudadana y que se creará una misión electoral para reformar el régimen y la organización electoral. Hasta un llamado al uribismo acompañó al anuncio, para que se incorporara a la construcción conjunta del estatuto de la oposición. El hecho se sumó al extenso acuerdo inicial sobre participación política alcanzado en diciembre del 2013, el cual está repleto de florituras y buenos propósitos. Al respecto, me da pena hacer de aguafiestas, pero debo decir que una reforma política que se asemeje a lo pretendido no habrá.
Y me explico. Primero, porque cuando se comiencen a tramitar las iniciativas, las campañas estarán calentando motores y el Gobierno preparando su salida.
Segundo, una reforma política de fondo tiene que modificar la fórmula electoral por medio de la cual se convierten votos en escaños –voto preferente y umbral cuando mínimo–, para combatir la autarquía de los congresistas y todos los cargos electos. Lo demás son apenas cambios cosméticos.
Tercero, una reforma de esa magnitud exige una musculatura política enorme, y el Gobierno no la tiene. El único que tuvo esa posibilidad fue Álvaro Uribe y la desaprovechó en el 2003.
Cuarto, mientras persista la actual atomización política, el estatuto de la oposición es un embeleco imposible, por noble que parezca. Una ley no puede corregir los desajustes de todo el sistema político.
Quinto, lo que habrá entonces será una discusión con propuestas de todos los calibres que envolverá en papel de regalo los intereses fundamentales de las Farc: creación de las circunscripciones especiales de paz, la asignación de curules directas a la guerrilla y la desconexión del requisito de umbral en las elecciones de Congreso para la personería jurídica de los partidos.
Sexto, varios analistas, como León Valencia, han abogado porque a las Farc se les reconozcan 14 curules directas en el Congreso, como forma de reparación, que fueron las que eligió a la UP en marzo de 1986, antes del genocidio. Si bien es algo admisible, debe quedar claro que muchos de esos votos fueron obtenidos a punta de fusil, porque como escribiera ‘Jacobo Arenas’ a Enrique Santos Calderón el 15 de junio de 1986: “No se puede confundir a las Farc con la UP, ni a esta con las Farc. Otra cosa es que las Farc apoyen con todas sus fuerzas y toda su decisión a la UP”. O como me dijera alguna vez Álvaro Salazar, dirigente por décadas del Partido Comunista: “(Para ‘Jacobo’) la UP hacía parte del plan de guerra. Éramos el batallón de sacrificio, de tal manera que pudieran justificar su guerra”. Sin embargo, conceder cupos directos durante dos o tres periodos legislativos sería el coqueteo con el corporativismo, por ende a todas luces inconstitucional.
Séptimo, 14 curules directas más 13 de circunscripciones especiales sí pueden alterar, de entrada, el balance de poder, el perfil ideológico de la Cámara de Representantes y hacer presa del populismo la relación Ejecutivo-Legislativo. Adicionalmente, circunscripciones regionales, como se ha propuesto, que no tienen ningún vínculo político-administrativo, serían muy susceptibles de convertirse en verdaderos feudos podridos de la politiquería y la corrupción.
Octavo, desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos del requisito de umbral, abrirá una enorme tronera por la que proliferarán partiditos que atomizarán la Cámara de Representantes y aún más las asambleas y concejos. Sería un desastre que luego habría que corregir.
Noveno, no es necesario que el uribismo participe en las discusiones, pues los cambios que se hagan irán con probabilidad en contravía de lo que necesita el Centro Democrático y de lo que puede hacer el Gobierno.
Décimo, a los respetables miembros que se designen en la misión electoral, al menos pedirles que dejen un buen documento, pues de comisiones hemos estado llenos. La del 95 fue irrelevante y solo sirvió para que Samper extendiera una cortina de humo con la propuesta de Congreso unicameral. Y durante Pastrana, la platica se perdió, aunque se contó con los mejores expertos. Ahora que no creen falsas expectativas para evitar un esfuerzo inútil que decepcione una vez más.
John Mario González
@johnmario
