El gobierno colombiano y miembros del Centro Democrático trasladaron esta semana a Washington sus disputas por los alcances de los acuerdos de paz que se negocian con las Farc.
Aunque ambos insistieron en que se trató de una mera coincidencia, terminaron con agendas muy similares ante el Congreso de EE. UU. y otros entidades donde expusieron dos caras de una misma moneda.
Rafel Pardo, Alto Consejero para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad, llegó a la ciudad desde el miércoles para exponer la estrategia del posconflicto al igual que un balance sobre los anuncios del fin de semana sobre el plan desarrollado entre el gobierno y las Farc para sustituir cultivos ilícitos por alimentos y otros productos en algunas zonas del país.
En ese marco, Pardo se reunió con líderes en el Congreso, entre ellos el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Ben Corker y su paralelo en la Cámara de Representantes Ed Royce.
Así mismo, el ministro sostuvo un encuentro con William Brownfield, subsecretario de Estado para Asuntos de Narcotráfico Internacional y ex embajador en Bogotá, para hablar sobre las estrategias antinarcóticos que se están desarrollando.
Se trata de una reunión clave pues Brownfield ha sido muy crítico de la respuesta del gobierno colombiano ante la expansión de los cultivos ilícitos en el país en los últimos años y se que no estuvo de acuerdo con la suspensión de la fumigación aérea.
Pardo también se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Luis Alberto Moreno y el director de Cambio Climático y Sostenibilidad del BID, Juan Pablo Bonilla, para revisar los aportes que este organismo ha hecho al posconflicto en el marco del Fondo Colombia Sostenible que lidera el BID.
El ministro tenía planeado cerrar su visita a Washington en un foro organizado por el Woodrow Wilson Center donde hablará de los acuerdos de paz.
Esta misma semana también estaba en la ciudad el general (r) Óscar Naranjo, uno de los negociadores que representan al gobierno en los diálogos de paz.
Como Pardo, el trabajo de Naranjo era explicar a la comunidad de Washington los acuerdos logrados con las Farc y despejar dudas e inquietudes que han surgido frente a ello, en particular a lo que se refiere al sistema de justicia transicional y la lucha contra el narcotráfico.
Ambas visitas coincidieron con la aprobación este martes en la Cámara de Representantes de un paquete de asistiencia de unos 490 millones de dólares para ayudar a Colombia en el posconflicto.
Visita de senadoras opositoras
Paralelamente, Paola Holguín, y María del Rosario Guerra, ambas senadoras del Centro Demócrático, dedicaron varios días de visitas al Congreso para, según ellas, advertir sobre los peligros que encierra el acuerdo de paz.
"El gobierno le ha estado mintiendo a la comunidad internacional o diciendo verades a medias. Y estamos en una labor pedagógica para que entiendan que este acuerdo garantiza la impunidad frente a graves violaciones de Derechos Humanos y hace factible el crecimiento del narcotráfico en el país", dijo Holguín.
De acuerdo con la senadora, le entregaron a los legisladores copias en inglés de los acuerdos para que ellos mismos pudieran constatar sus reclamos.
"No puede ser que EE. UU. contribuya a dejar a las Farc en un manto de impunidad y como actores políticos como si no hubiesen cometido ningún crimen en el pasado. Tienen que tomarse el trabajo de revisar los acuerdos para que vean los pelifros que encierran para la democracia colombiana", dijo por su parte Guerra.
Ambas insistieron en que mientras el gobierno colombiano pasaba el sombrero para pedir ayuda de EE. UU. y la comunidad internacional, nada hacían para exigirle a las Farc la entrega de los enormes recursos que tienen escondidos y que deberían servir para reparar a las víctimas.
Guerra también criticó al enviado especial de EE. UU. Bernie Aronson al indicar que sus intereses comerciales en Colombia no lo dejaban ser objetivos.
Las senadores, además, ventilaron la idea de quizá acudir al Consejo Permanente de la OEA para que este escuche las preocupaciones del Centro Democrático (CD).
Una intervención del CD ante el Consejo Permanente tendría que recibir el visto bueno del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, pues el ejecutivo es quien representa al estado en los estrados diplomáticos.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington