Todas las mañanas, un ejército de vendedores de jugos de naranja se toma el centro de Bogotá. Más de 70 personas exprimen, sirven y venden a diestra y siniestra en jarras y vasos de plástico. No tienen competencia.
El producido es de 16 millones de pesos en un solo día. Pero esa plata no es para personas vulnerables: es de un solo propietario.
Este es tan solo uno de los casos que se vive en los más de 680 puntos claves de espacio público, que, aunque por ley deben estar despejados, son utilizados, en la mayoría de los casos, por mafias que explotan a los más necesitados.
El subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Daniel Mejía, quien lidera, junto con la Policía, la Defensoría del Espacio Público (Dadep), las alcaldías locales, el Instituto para la Economía Social (Ipes), Uaesp, Hábitat, entre otras entidades, la recuperación de los espacios de la ciudad, afirma que van tras las mafias que exprimen estos sitios como si fueran privados.
En lo que va corrido del año, la Administración Distrital calcula que se han recuperado 120.000 metros cuadrados que estaban invadidos (que equivalen a 17 canchas como el estadio de fútbol de El Campín) y se han escriturado otros 270.000 metros cuadrados,es decir, predios que son del Distrito pero que no estaban legalizados.
Pero el ejército de jugos no es el único.
Otro batallón opera sobre los puentes peatonales y utiliza a personas para vender sándwiches en una jornada que termina cuando se le entrega el producido, como si se tratara de un taxímetro.
Igual pasa con los vendedores ecuatorianos, a quienes, según lo ratificó el propio Mejía, los criminales del espacio público les alquilan los mejores puestos de la calle en una vacuna que se paga bajo la amenaza de reportarlos a migración para que los deporten. Ellos guardan silencio porque saben que tienen millones de pesos invertidos en ropa que exponen en el andén.
“No estamos detrás de los vendedores ambulantes, estamos detrás de las estructuras criminales que se apoderan del espacio público”, dice Mejía.
Reservar un espacio va desde 5.000 hasta 50.000 pesos, pero el alquiler, es decir, permitir la permanencia en un sitio, dependiendo de la esquina y del tamaño en metros cuadrados, vale entre 5 millones y 50 millones de pesos al mes. Todo un negocio redondo.
En Bogotá hay cerca de 700 puntos, que según la resolución 020 de febrero de 2014 ya fueron recuperados y deben ser preservados en el tiempo, la mayoría de ellos mediante querellas que han prosperado en todas las localidades.
Pero en la práctica, en la realidad, la inmensa mayoría están invadidos.
Además, mediante otra resolución, la 167 de 2015 del Dadep, hay “zonas especiales” que por seguridad deben permanecer despejadas, como la bajada de puentes peatonales, frente a hospitales, vías principales, entre otros (vea gráfico). Estas también están invadidas.
La meta del alcalde Enrique Peñalosa es recuperar y sostener 75 kilómetros de espacio público que tienen impacto peatonal y vehicular. Y restituir 500 zonas de cesión que están en manos de particulares.
En estos primeros meses del año se han logrado restituir zonas simbólicas, como la calle 72 entre la 7.ª y la Caracas, el parque de los Periodistas en el corazón de Bogotá, la calle 19 entre 3.ª y Caracas, la carrera 30 con calle 9.ª y 10.ª, la estación de TransMilenio Suba– Transversal 91 y restituciones voluntarias como la de Roma en Kennedy, donde los invasores devolvieron 10.000 metros cuadrados.
Según las cifras de la Administración, esto ha beneficiado a más de 350.000 personas, que han sentido el impacto positivo de las medidas.
También el reporte oficial señala que se han retirado más de 30.000 afiches, se han limpiado más de 1.200 postes y se ha realizado limpieza en más de 20 sitios críticos que van desde la calle 32 sur hasta la calle 94 entre los cerros y la 30.
Esto sin contar el impacto de ollas como el ‘Bronx’, Cinco Huecos, entre otros sitios, que se han restituido en medio de los operativos realizados por las autoridades para desmantelar las organizaciones de tráfico de drogas y de abusos.
Sin embargo, hay críticas de diversos sectores, en especial de la izquierda, que no comulgan con la forma como se lleva a cabo la recuperación del espacio público en Bogotá. De hecho, esta semana un grupo de políticos lanzó el cabildo abierto de vendedores ambulantes por el uso del espacio público, cuyo comité promotor está integrado por el representante a la Cámara, Inti Asprilla de la Alianza Verde y 25 líderes de los vendedores informales.
En la plaza de Bolívar buscan recoger firmas para obligar a que el alcalde de Bogotá asista al cabildo abierto.
Pero los ciudadanos reclaman sus espacios públicos. Solo en la calle 18 con carrera 4.ª, un grupo de ciudadanos se organizó y logró que les retornaran sus andenes invadidos. No pasa lo mismo en el 20 de Julio, donde una ciudadana llama todos los sábados a medios radiales a quejarse por la invasión de esa zona.
Piloto de calles sin andenes
Precisamente, Andrés Ortiz, secretario de Planeación Distrital, dijo que esta administración está trabajando sobre 10 proyectos para la recuperación de zonas comerciales consolidadas.
Se trata de lo que han denominado por ahora ‘calles comerciales’, una iniciativa que busca que zonas como 20 de Julio, Venecia, Restrepo, Prado Veraniego, Fontibón, Engativá, Suba, entre otras, generen espacio público sin sardineles, sin andenes donde se está estudiando la posibilidad de peatonalizar los ejes principales. “En los estratos populares, la gente usa la calle y en los estratos altos, la deja de usar porque está deteriorada”, dice el jefe de Planeación de Bogotá.
Pero ¿qué pasa por ejemplo con la zona G, la zona T o Usaquén? ¿Por qué tanta gente va a esos sitios?
“Eso es lo más popular que puede haber en estratos altos y los utilizan por ansiedad de calle. Sin tener nada. En la zona G no hay ni una banca. Se imaginan cómo sería con plazoletas, con bancas, con espacios públicos...”, comentó el funcionario.
‘Están clonando carpas con logos oficiales’
Nadime Yaver Licht es la defensora del Espacio Público. No es la primera vez que está en este cargo, como quiera que trabajó de la mano de Peñalosa en la primera administración (1998-2000).
Dice que así como hay vendedores informales, también algunas empresas formales juegan a una doble moral: a vender productos en espacios públicos, y asegura que en sus manos eso no se va a permitir.
La funcionaria también denuncia que en este proceso de recuperación han encontrado, por ejemplo, carpas temporales clonadas con logos oficiales. Sobre la realidad de los vendedores, dice que “el porcentaje de población vulnerable es bajo”. Por eso anuncia la creación de un observatorio del espacio público para detectar todas las anomalías, además de tener un diagnóstico real de la situación. Frente a sitios públicos encerrados por rejas o talanqueras, la experta señala que cuando una zona se aísla, se generan espacios para la inseguridad. “Los sitios más inseguros son los cerrados, donde no hay gente”, dice.
BOGOTÁ