En Nicaragua nos encaminamos hacia unas elecciones presidenciales que no lo serán de verdad; desde luego, todo ha sido ya decidido para que el comandante Ortega las gane por tercera vez consecutiva. No hay candidatos aceptables de oposición, que fueron eliminados de la contienda; sin observadores internacionales, declarados no gratos de antemano; sin un aparato electoral creíble, y con el tejido institucional del país en harapos.
No hay ni habrá una campaña electoral entusiasta y contrastada, ni encuestas de opinión que muestren tendencias de votos que pueden cambiar de un día para otro ni debates entre candidatos presidenciales. En fin, lo que hoy en día resulta normal en los países donde prosperan los sistemas democráticos.
Las únicas demostraciones serán las del candidato oficial, con todos los recursos del Estado a su disposición, además del aparato de propaganda del partido, incluidas las decenas de estaciones de radio y televisión bajo control oficial. Un partido prácticamente único, compitiendo en un espacio único, lo que en buen nicaragüense se suele llamar ‘pelea de tigre suelto contra burro amarrado’.
El régimen se muestra cada vez más intolerante, como se ha visto en las recientes deportaciones de extranjeros, incluidos ciudadanos de Estados Unidos, que llegan al país para realizar tareas burocráticas; investigaciones académicas, sociales y políticas, o reportajes periodísticos sobre temas que se han vuelo tabúes, como el del Gran Canal Interoceánico o el de la pobreza, o simplemente para participar en programas ecologistas en comunidades rurales. Esto ha hecho que tres países, México, Estados Unidos y Costa Rica, hayan publicado advertencias sobre los riesgos de viajar a Nicaragua.
Pero la cúpula gobernante se siente segura y confiada. Cuenta con una base organizada y bajo control, capaz de ser movilizada a través del aparato del Estado hacia las plazas y también hacia las urnas electorales, y con un efectivo e incondicional cuerpo de represión policial; mientras, del otro lado, la oposición se encuentra diezmada o ilegalizada, y hay suficientes partidos dispuestos a participar en el juego electoral a cambio de curules y otras prebendas, como es ya tradición en Nicaragua desde los tiempos de Somoza.
Y priva, sobre todo, la apatía. Las necesidades de la subsistencia diaria pesan más que el interés por la democracia y el respeto a las reglas constitucionales. Las demostraciones en las calles en reclamo de elecciones libres y transparentes solo convocan a un puñado de personas. Los únicos capaces de movilizar masivamente a la población campesina han sido los dirigentes del movimiento que defiende la propiedad de las tierras amenazadas por el proyecto del Gran Canal.
El régimen confía también en su alianza con el sector privado, que ha aprendido a no temer al discurso virulento del comandante Ortega en contra del capitalismo. La regla de oro de esta relación es que los asuntos políticos quedan excluidos de las mesas de concertación donde se tratan los temas económicos, los cuales se ajustan al marco aconsejado por el Fondo Monetario Internacional.
Estas políticas han permitido que las cuentas financieras muestren algún crecimiento económico, menos acelerado sin embargo que el crecimiento del número de nuevos millonarios, pero no han provocado ninguna reducción apreciable de los índices de pobreza ni han sacado a Nicaragua de la cola entre los países más atrasados de América Latina.
Estados Unidos sabe que detrás de la retórica encendida de Ortega no hay ninguna amenaza real para su seguridad hemisférica; la reciente expulsión de funcionarios norteamericanos ha quedado reducida a un incidente, si se quiere, perturbador. El modelo de supresión democrática en Nicaragua no choca de ninguna manera con la vieja tesis de Washington de que lo que más importa a la hora de enfocar las políticas hacia América Latina es la estabilidad, que existe hasta que el volcán estalla. Pero no hay movimientos sísmicos que indiquen que algo semejante esté por pasar.
Los votos, pues, están contados de antemano. Es como si las elecciones de noviembre de este año ya hubieran ocurrido.
Sergio Ramírez
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