En momentos en los que, como nunca antes, el país se asoma al fin de la guerra con las Farc, los narcocultivos completan su tercer año en línea al alza, hasta llegar a las 96.000 hectáreas de coca, con un potencial de producción de cocaína superior a las 640 toneladas.
Tremenda paradoja, que muestra la complejidad de la realidad colombiana. Esas cifras son, sin la menor duda, un campanazo sobre lo viva que está la culebra del narcotráfico, que, a la vez que nutre con sus ríos de dinero las arcas de los grupos armados ilegales, pelecha por la protección que estos prestan a las diferentes etapas de su cadena criminal.
Los efectos de la histórica decisión de terminar las fumigaciones aéreas contra la coca, las dificultades que enfrentan los equipos de erradicadores manuales –amenazados por las minas antipersonas y frenados por los bloqueos campesinos–, el aumento del precio de la hoja de coca en las zonas de producción (que pasó de 2,50 pesos por kilo a 3.000, según la ONU) son factores que explican el crecimiento de los narcocultivos.
También ha pesado el incumplimiento de las comunidades de zonas como el Catatumbo, que desde el 2013 se comprometieron a erradicar a cambio de la suspensión de la fumigación y la erradicación forzada en esa región, y donde desde entonces los cultivos casi se duplicaron, hasta llegar hoy a las 11.560 hectáreas.
El informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) muestra que el mapa del conflicto coincide, ineluctablemente, con el de las narcosiembras. Y no se necesita ser un iluminado para notar que la notable disminución de los ataques y de la violencia en las zonas con alta presencia de las Farc durante el proceso de paz no se ha visto en lo que a los cultivos de coca se refiere. Nariño, Putumayo y Norte de Santander concentran el 64 por ciento de la coca. Y en otros tres departamentos donde es fuerte la influencia de los grupos armados, especialmente de las Farc, también se dispararon los narcocultivos: en Cauca hay 8.860 hectáreas, en Guaviare hay 5.423; en Meta, 5.002, y en Caquetá, 7.712 hectáreas.
La guerrilla, que acordó en La Habana apartarse del criminal negocio, está, pues, en mora de empezar a actuar en consecuencia y dejar de soslayar en el abandono de muchas regiones, que es innegable, su participación en un negocio que, la historia lo ha demostrado, termina desbordando cualquier ideología. El plan piloto de erradicación voluntaria que Gobierno y Farc lanzaron el domingo pasado en Briceño, Antioquia, es un paso fundamental en esa vía que debe marcar la pauta, evidenciar que los propósitos consignados en los acuerdos resisten el paso de palabras a hechos. Aun así, hay que tener claro que, aunque necesario, no es suficiente. Que existan factores objetivos que propicien este negocio, reiteramos, ya no puede ser más excusa para que los hombres de ‘Timochenko’ sigan conviviendo con él en mayor o menor grado. Es hora de un punto final.
El cumplimiento del cese del fuego unilateral ha sido una demostración de voluntad de paz que puede y debe extenderse, cuanto antes, al fin de la participación de esa guerrilla en todos los eslabones de la cadena del narcotráfico.
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