En materia de justicia, ¿qué pasará con los disidentes de las Farc?

En materia de justicia, ¿qué pasará con los disidentes de las Farc?

Miembros de esa guerrilla que no se acojan a acuerdos de paz podrían enfrentarse a la extradición.

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12 de julio 2016 , 06:08 p.m.

El asomo de frentes de las Farc que no quieren acogerse a los acuerdos de La Habana no supone, según el Gobierno y la misma guerrilla, que la paz esté en peligro.

Desde que se conoció que el frente primero de ese grupo armado se apartaba de las negociaciones que se adelantan en Cuba, han surgido cuestionamientos y dudas, entre ellas ¿qué pasará en materia de justicia con esos disidentes? y si les aplicará o no la Jurisdicción Especial para la Paz.

La respuesta es no. Esto, porque esta jurisdicción (que hace parte de la justicia transicional) aplica solo para los que se acojan a ella, y en el caso de los guerrilleros, los que firmen los acuerdos de paz.

Como las Farc anunciaron que los subversivos del frente primero (unos 60) y los que no se unan a la paz estarán “por fuera de esa guerrilla y no pueden usar su nombre, armas y bienes con ningún propósito”, estos guerrilleros tendrán que someterse a la justicia ordinaria en la que podrían enfrentar penas hasta de 60 años, que es la condena más alta que contempla el Código Penal colombiano. (Lea también: Estas son las implicaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz)

El mismo Bloque Oriental, bajo el cual está el frente primero, aseguró en un comunicado que “apelando a argumentaciones ideológicas y políticas a fin de ocultar la evidente influencia de intereses económicos opuestos a la terminación del conflicto”, ese frente renegaba de sus principios y por tanto era excluido de la guerrilla y de los acuerdos.

Facciones tendrán tratamiento de crimen organizado

Una fuente consultada por el ELTIEMPO.COM, especialista en Derecho Penal Internacional (DPI), asegura que el hecho de que estas facciones existan y de que ahora decidan no acogerse al proceso de paz y por tanto al sistema de justicia transicional solo se convertirá en la razón para que el Gobierno les imponga un trato “puro y duro de crimen organizado”.

Ya no van a estar en la constelación de los delitos políticos sino del crimen organizado y ese será el tratamiento puro y duro que les dará el Gobierno. Ya no serán rebeldes sino delincuentes y por tanto será la justicia ordinaria la que los juzgue”, indica la fuente.

Los jefes guerrilleros han hecho especial énfasis en que en gran parte, la motivación está ligada a un asunto económico. El dinero de la coca en sus zonas de influencia ha hecho que miembros de esas facciones se hayan acomodado y hayan perdido el rumbo.

Ese asunto de narcotráfico, así como la minería ilegal, la extorsión o la trata de personas serían las razones que justificarían esas disidencias siempre existentes en los procesos de paz, pero, además, serían las razones que encontraría la justicia para iniciar procesos formales para su captura y juicio. (Además: El expediente del frente de Farc que no entraría en el proceso de paz)

Es posible que algunas de las partes no criminalizadas no estén de acuerdo porque no ven compensación suficiente con el tránsito hacia la legalidad”, dijo el domingo a EL TIEMPO María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz.

Según el especialista en DPI, lo único que sería “impensable” o “remoto” es que se unan a las filas del Eln, sobre todo en medio de un proceso de paz que, aunque aún es débil, ya está sobre la mesa.

Según el mismo Bloque Oriental de las Farc, algunos disidentes han perdido el rumbo a causa del dinero de la coca. Foto: EL TIEMPO.

“Es muy remota la posibilidad de que esos miembros disidentes se unan al Eln sobre todo con el proceso de paz encima. Si no quieren adherirse a los acuerdos de La Habana sería algo ilógico que sí lo hayan a esta posible negociación con el Eln”, sobre todo si, como se ha dicho, el modelo de paz sería prácticamente el mismo, puntualiza.

Y agrega: “en el tema penal es muy importante saber que en el fondo los delincuentes son lo que las instituciones dicen que son. Así que cuando renuncien a los ‘beneficios’ que les puede traer la justicia transicional, la justicia puede ir con todo”.

Un proceso de justicia ordinaria podría tardar años antes de resolverse, aunque lo más difícil será darles captura a esas personas. A eso, claro, hay que sumarle la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos pueda pedirlos en extradición si se llegan a relacionar con delitos de narcotráfico.

Las penas que no recibirán las disidencias

A través de la Jurisdicción Especial para la Paz el Estado investigará, esclarecerá, perseguirá, juzgará y sancionará las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado. (Además: Lo que viene después del cese del fuego bilateral entre Gobierno y Farc)

Este sistema contempla un régimen de reclusión diferenciado. Es decir, que las penas y sanciones dependerán del nivel de participación determinante en las conductas y delitos graves. Con la llegada de estas nuevas disidencias, estos miembros deberán someterse a otro tipo de sistema judicial. En ese orden de ideas, quedará así:

1. Para quienes reconozcan su responsabilidad de manera temprano por los delitos más graves las sanciones serán:

- Restricción de la libertad de 5 a 8 años.

- Se hará bajo un régimen de vigilancia y control, pero con un grado de flexibilidad que permita el cumplimiento de las funciones reparadoras como desminado o sustitución de cultivos.

- Este régimen de vigilancia se realizará en las 23 zonas veredales acordadas por el Gobierno y las Farc el pasado 23 de junio con el punto del fin del conflicto.

2. Quienes reconozcan su responsabilidad tardíamente tendrá una pena privativa de la libertad entre 5 y 8 años que deberá cumplirse en un centro carcelario.

3. Quienes no reconozcan su responsabilidad y sean declarados culpables por el Tribunal para la Paz serán condenados a penas de hasta 20 años de prisión bajo el régimen de reclusión ordinario.

CINDY A. MORALES
Subeditora ELTIEMPO.COM
cinmor@eltiempo.com
En Twitter: @CinMorAleja

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