Es significativo que los 25 años de la Constitución del 91 se hubieran conmemorado en la histórica casa de Rionegro, donde se firmó la Constitución de 1863, por cuanto ese estatuto, concebido por los radicales liberales y ahogado en la sangrienta revolución de 1885 que desembocó en la Carta de 1886, marcó un hito en la historia de Colombia.
Aun cuando fue resultado de un levantamiento liberal contra el gobierno conservador, significó verdadera revolución constitucional. Como la del 91, fue pródiga en protección de todos los derechos, al punto de ser llamada la carta de las libertades, pues las comprendía todas, hasta la de portar armas.
Estableció un régimen federal, luego reemplazado por la fórmula nuñista de “centralización política y descentralización administrativa”. Solo rigió 22 años, y tal vez el rigor para reformarla fue factor determinante para que se la sustituyera de forma violenta. No sería igual, pero la extraña figura de la “sustitución” puede llevar, como lo estamos viendo, a hacer inmodificable la Constitución.
Conservó el régimen presidencial, pero lo atenuó estableciendo periodo presidencial de dos años –no del todo recomendable– y dándole facultades al Congreso para autorizar determinados nombramientos, tanto del jefe del Ejecutivo como los de secretarios y jefes de misión diplomática.
Debe anotarse, empero, que con tan corto período hubo administraciones perdurables, como la de Murillo Toro, que planteó, como buen visionario, la necesidad de cambiar la infraestructura del país, combatir las desigualdades sociales e interconectar la Nación mediante el telégrafo. Sin cambiar la Constitución –que prohibía la reelección botín inmediata–, fue reelegido años después para otro periodo. Esa Carta dispuso clara separación entre Iglesia y Estado, y permitió el divorcio vincular. Y, ¡quién lo creyera!, estableció que los tratados suscritos por Colombia en materia de derechos humanos prevalecían sobre el derecho interno, o sea que se adelantó en más de 150 años a cuanto desde la Carta del 91 se conoce como “bloque de constitucionalidad”.
Es importante, sin duda, esta conmemoración. Pero, atención a la perspectiva histórica. La llamada Constitución de Núñez y Caro de 1886 prácticamente ya no regía en 1991, reformada en más de 70 ocasiones, pero “convalidada” por actos legislativos de gran calado: el de 1910, producto del republicanismo, estableció la acción directa de constitucionalidad, prohibió la reelección inmediata y redujo a 4 años el periodo presidencial, y dispuso el sufragio universal.
En 1936, el liberalismo, que con sus mayorías hubiera podido cambiar la Constitución, oyó al maestro Echandía, entonces joven ministro de Gobierno, para “romperle unas cuantas vértebras a la Constitución” autoritaria, implantando: intervención del Estado, función social de la propiedad, educación gratuita y obligatoria y derecho de huelga, entre otras conquistas.
Tras la ruptura constitucional que implicó el cierre del Congreso en 1949, el bipartidismo acordó establecer el llamado pacto de paz del Frente Nacional, aprobado con 4 millones de votos como referendo, llamándolo plebiscito. Por los pésimos antecedentes de las constituyentes de bolsillo, el pueblo determinó que la Constitución la cambiara el Congreso. En 1990, de manera extraconstitucional, en decisión dividida de la Corte Suprema, se permitió cambiar las normas plebiscitarias por decretos de estado de sitio. Curiosamente, era la única institución supérstite de la Constitución arbitraria de Núñez, que fue utilizada para cambiar la Constitución y, a decir verdad, para acabar afortunadamente con los abusos del estado de sitio.
La actual Constitución ha tenido éxitos indudables, como la protección tutelar de derechos, el acercamiento popular a las instituciones, la Corte Constitucional, la Defensoría y la Fiscalía. Hay muchas tareas pendientes. No es la causa de varios males, como no lo era la Constitución reformada que teníamos en el 90.
Es la lección que deberíamos aprender. Si aplicamos bien esta Constitución, podemos olvidarnos del fetichismo constitucional.
Alfonso Gómez Méndez