Una vez más, los indígenas wayús reiteraron al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, su negativa ante la intención de la empresa Cerrejón de desviar el arroyo Bruno, principal afluente del río Ranchería, para cumplir con sus planes de expansión minera.
Murillo estuvo en el municipio Albania socializando, con las comunidades indígenas, las conclusiones de la sesión de la Mesa Interinstitucional del Proyecto Puente-Arroyo Bruno, realizada por la Corporación Autónoma Regiona de la Guajira (Corpoguajira) para dar cumplimiento al fallo del Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira que ordenó suspender los efectos jurídicos de las licencias ambientales proferidas por la Corporación, que autorizan la intervención del arroyo Bruno y ampara el derecho a la consulta previa en la comunidad de La Horqueta.
En este espacio, autoridades tradicionales y líderes de la zona mostraron su preocupación y negativa frente al desarrollo de este proyecto, que cuenta con el visto bueno del Minambiente. Una de las molestias es que no se ha sido claro, desde la misma invitación.
Lorenza Pérez, autoridad tradicional de La Horqueta, y accionante de una tutela, aseguró que la invitación no fue le clara y que ella no podía decidir sola “porque la comunidad podría decir que yo me he vendido a esta mesa o a cualquier otra situación que aquí se exponga”.
Por su parte, la autoridad tradicional de la comunidad Charito, José Miguel Pushaina, señaló que “para llegar a la paz, se necesita dialogo, orientación, claridad y verdad, para eso hemos venido”.
Zoila Brito, representante de las comunidades indígenas ante el Consejo Directivo de Coporguajira, mostró su molestia por la falta de un traductor a la lengua wayuunaiki por parte de las entidades, así como, la realización de la reunión en un espacio autónomo propio de las comunidades wayús.
El Ministro reconoció la falta de acercamiento de las partes y aseguró “yo insisto en que aquí hay pendiente un diálogo pausado, muy auténtico con las comunidades; para nosotros es muy importante que tengamos ese diálogo con las comunidades wayús y afro de la zona”.
La Mesa Interinstitucional se encargó de analizar la disponibilidad del agua como derecho fundamental para las comunidades y de brindar una asesoría ambiental, técnica y social sobre los efectos que produciría un posible desvío del arroyo Bruno para la zona de influencia del proyecto.
Los elementos definidos en la jornada fueron:
1. Se hará entrega de un informe técnico que en agosto se socializará con la comunidad y en septiembre se remitirá al Tribunal.
2. La Mesa Interinstitucional atenderá la sentencia de manera integral, cumpliendo totalmente todas las acciones contenidas en ésta.
3. El Cerrejón se compromete a apoyar la socialización del informe técnico en lengua wayuunaiki.
4. La socialización se realizará con acompañamiento de los entes de control, de los representantes de Asuntos Indígenas de la Gobernación y de las entidades técnicas necesarias.
5. La comunidad manifiesta que a pesar de que existan estudios técnicos que soporten el proyecto, ellos no quieren el desarrollo del mismo en su región.
Para el ministro Murillo el diálogo permanente con las comunidades es una prioridad del Gobierno Nacional en preparación para el posconflicto. Prometió una reunión con el Ministerio del Interior en un espacio autónomo. Mientras Toca esperar que el Tribunal decida si hay o no hay consulta previa.
ELIANA MEJÍA
Riohacha.
