La última carta de las víctimas de Premium contra Ortiz y Jaramillo

La última carta de las víctimas de Premium contra Ortiz y Jaramillo

Dicen que el exfiscal Montealegre avaló gabelas a pesar de su cercanía con la defensa.

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11 de julio 2016 , 09:34 p.m.

La defensa de las víctimas del Fondo Premium se juega este martes su última carta para evitar que Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, artífices de la estafa que superó los 320.000 millones de pesos, reciban beneficios judiciales. Para las 10 de la mañana está citada la audiencia en la que, por segunda ocasión, la Fiscalía pedirá que se les apruebe un principio de oportunidad que los exima del delito de captación masiva.

Aunque ambos ya aceptaron los cargos por estafa agravada y concierto para delinquir, la captación les significaría una condena de entre 10 y 20 años de cárcel. Para hacerle el quite, la defensa de Jaramillo y Ortiz insiste en que han declarado en contra de otras personas que se beneficiaron con la estafa, como el empresario Herbert Otero. Y enfilaron sus baterías en contra del ex superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez, y contra el liquidador, Alejandro Revollo.

A Vélez lo acusan de haber demorado la intervención del fondo, y a Revollo, de dilatar la liquidación, despilfarrar el dinero en asesores y feriar los bienes. De hecho, la semana pasada, la oficina del liquidador fue registrada por el CTI, tras una denuncia formal de Jaramillo. Sin embargo, para los abogados de las víctimas se trata de simples distractores para justificar el principio de oportunidad que, en su criterio, tiene vicios de fondo y de forma.

“La Fiscalía no puede renunciar al ejercicio de la acción penal. Cuando hay delitos patrimoniales, la víctima debe ser reparada y esto no ha sucedido en este caso”, dice Juan David Riveros, abogado de víctimas de Premium.

En efecto, del listado de bienes embargados que se usarán para reparar a las víctimas, apenas un 10 por ciento pertenecen a Jaramillo y Ortiz, el resto es del empresario Víctor Maldonado, quien se benefició de la captación de dinero y quien también se opone a que les den un principio de oportunidad.

Al respecto, el penalista Riveros agrega que no tiene sentido que se les den beneficios a los cabecillas del desfalco para que declaren contra sus subalternos, quienes no tienen cómo reparar a las víctimas.

Tutelas y objeciones

Y asegura tener certificaciones de la Corte Suprema y de la Fiscalía en la que consta que el entonces fiscal Eduardo Montealegre no se declaró impedido en el caso Premium a pesar de su amistad, públicamente reconocida, con el abogado Jaime Lombana, defensor de Jaramillo. Por el contrario, avaló las gabelas y si bien el nuevo principio de oportunidad lo firma el fiscal (e.) Jorge Perdomo, su origen estaría viciado.

La defensa de las víctimas también coincide en que, en vez de colaborar, Jaramillo y Ortiz han tratado de entorpecer la liquidación interponiendo más de 20 tutelas y 70 objeciones. “Por el contrario, durante 4 años han evitado que el proceso de reparación a las víctimas camine con agilidad”, aseguró Riveros.

Por su parte, el liquidador Revollo señaló que el único bien que ha vendido –Archie’s Colombia– se negoció por el doble de su avalúo: 51.000 millones de pesos. También dice que en los documentos en poder de la Superintendencia de Sociedades consta que se ha apegado a la ley para llevar a cabo la liquidación.

Pero la defensa de Ortiz y de Jaramillo insiste en su colaboración amplia y efectiva y en que merecen las gabelas, hoy en manos de un juez de garantías.

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