Unas 12 horas estuvieron este lunes 69 agentes del CTI de la Fiscalía en las oficinas de la cárcel Modelo de Bogotá, solicitando documentos y realizando una inspección del establecimiento carcelario.
Los investigadores estarán en el penal durante toda esta semana, recopilando los que podrían ser importantes elementos probatorios relacionados con supuestas masacres ocurridas hace 17 años.
El propósito de esta visita, dijo una fuente cercana a la investigación, fue recopilar y cotejar información del listado de los internos entre 1999 y el 2001, periodo en que estuvieron recluidas en este establecimiento un grupo de personas que han sido denunciadas como desaparecidas.
Una de las primeras solicitudes que hizo el equipo investigador fue la de los archivos de unas 400 tarjetas con registros de huellas dactilares. También ordenaron sellar la oficina en donde se manejan las investigaciones internas de La Modelo.
El inesperado reconocimiento de las autoridades se produce después de las declaraciones que dieron algunos exparamilitares, en medio de sus versiones libres, de que en el centro de reclusión ubicado en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, se produjeron el asesinato y posterior descuartizamiento de unas 100 personas. Entre estas víctimas podrían estar reclusos y hasta familiares, personas que fueron de visita y nunca salieron.
La investigación fue asignada desde febrero a la fiscal Caterina Heyck Puyana, directora de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas. Se dijo que las víctimas fueron descuartizadas y sus restos lanzados a las alcantarillas.
En su momento, el director del Inpec, general de la Policía Jorge Luis Ramírez Aragón, dijo que no existe registro de denuncias de familiares de que se le suministre información sobre posibles desaparecidos.
No obstante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó públicamente en un comunicado su preocupación ante las denuncias elevadas por los ‘exparas’ de posibles actos de barbarie que se dieron en la cárcel.
Los hechos violentos, materia de investigación –según la Fiscalía–, se dieron en un periodo en el que los funcionarios del Inpec habían perdido el control del penal, que estaba en manos de guerrilleros y paramilitares que protagonizaron sangrientos enfrentamientos. Los guardianes, le comentó una fuente a EL TIEMPO, permanecían en los alrededores, formando un anillo de seguridad para evitar la evasión de los internos. Pero adentro, en los patios, eran los alzados en armas los que imponían su poder.
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