Un beneficio inmerecido

Un beneficio inmerecido

Es desconcertante ver cómo condenados del Fondo Premium insisten en obtener beneficios judiciales.

11 de julio 2016 , 08:45 p.m.

Más de mil inversionistas del Fondo Premium tienen puestas sus esperanzas en que el Estado les ayude a recuperar los 320.000 millones de pesos que de buena fe les entregaron a Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, hoy tras las rejas.

Ya está probado que ambos personajes urdieron un plan, con apariencia de legalidad, para captar dinero y que la propia Fiscalía calificó como un gran concierto para delinquir. La Superintendencia de Sociedades, a través del liquidador de Premium, Alejandro Revollo, ha rastreado, entre obstáculos, bienes por todo el país para recuperar el dinero esquilmado.

De ahí lo desconcertante de ver cómo ambos insisten en obtener beneficios judiciales, un principio de oportunidad, argumentando que han colaborado eficientemente con la justicia. El principio fundamental para obtener este tipo de gabelas es el de haber resarcido a las víctimas, y en este caso es evidente que eso no ha sucedido. De hecho, del listado de propiedades que se venderán para recuperar el dinero solo un 10 por ciento pertenecen a Jaramillo y a Ortiz, y ninguno de ellos ha denunciado a cómplices de la estafa.

Por el contrario, ahora su estrategia apunta a Alejandro Revollo, acusándolo de dilatar la liquidación del fondo con el ánimo de que esos señalamientos se les contabilicen como colaboración y no sean procesados por captación masiva.

La inspección de la oficina de Revollo, hace 8 días, impulsada por una denuncia de Jaramillo, dejó un tufillo de ser una maniobra disfrazada de delación. Qué coincidencia que la visita del CTI a Revollo haya tenido lugar justo cuando este logró que el Banco Central de Curazao aceptara girar 6,7 millones de dólares, ligados a Premium, que se repartirán entre las víctimas.

La Fiscalía, por un mero formalismo, congeló hace dos semanas el principio de oportunidad. Pero hoy, cuando pareciera que lo va a volver a presentar, deberá garantizar al país y a las víctimas de Premium que la supuesta colaboración no es una delación disfrazada ni materia de otras investigaciones. Los damnificados han hecho múltiples llamados para que ese principio de oportunidad no sea aprobado. Merecen ser escuchadas. Porque es justo, claro, y para no sentar un funesto precedente.

editorial@eltiempo.com

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