En Colombia se habla mucho de la mal llamada politización de la justicia. Se critica a una justicia corrupta, clientelista e ineficiente y se sueña con una justicia apolítica, independiente y transparente. Pero si existiera una causa única de nuestra crisis, no sería la politización de la justicia, sería la politiquería. Para evitar el análisis facilista, hay que entender la diferencia entre política y politiquería. La política, en el sentido aristotélico de la palabra, es la participación en la vida pública de la comunidad (la ‘polis’). La política en su estado puro es noble. Por el contrario, la politiquería es el uso del poder político para fines impuros, diferentes del interés público, como la consagración personal.
La distinción cobra mayor importancia cuando el tema es la justicia. El problema en Colombia no es que la justicia sea política, es que muchos de sus miembros usan los poderes constitucionales de sus cargos para fines muy distintos de aquellos previstos en la Constitución. La justicia en Colombia por diseño constitucional es y tiene que ser política. La justicia es el contrapeso del Ejecutivo y el Legislativo, y eso es político. Las cortes pueden declarar inexequibles actos legislativos y ejecutivos, y eso es político. La Procuraduría vigila el comportamiento de los funcionarios, y eso es político. La Fiscalía vela por el cumplimiento de las leyes penales y goza del principio de oportunidad, y eso también es político.
Lo que no es político es que los magistrados de las altas cortes participen en los nombramientos del Fiscal, Procurador, Contralor y de otros magistrados. Eso es un problema de diseño constitucional que abre las puertas a la politiquería, el clientelismo y la corrupción. Ahí nace la puerta giratoria. Los magistrados estudian y se entrenan para decidir casos complejos de gran relevancia para la estructura de la sociedad. Se les paga por su conocimiento del derecho y su capacidad para tomar decisiones difíciles. No se les debería pagar por nombrar a sus colegas y a sus contrapesos. Sin desconocer la complejidad del tema, el primer paso para erradicar el clientelismo estructural generado por nuestro diseño constitucional es quitarles las facultades nominadoras a las altas cortes. Que los magistrados se dediquen al ejercicio del poder Judicial sin dedicarle tanto tiempo al ejercicio de los poderes administrativos de la justicia, cuna de la politiquería.
Lo que tampoco es político es que los jefes de los organismos de control y la Fiscalía usen sus puestos para promover sus ideas e ideologías personales o para promover o hacer oposición al programa político del gobierno de turno. Esto es una falla de diseño exacerbado por un problema cultural de culto al egocentrismo. Si un magistrado de la Corte Constitucional puede saltar a la Fiscalía y luego al Ejecutivo, quizás le convenga usar su puesto para apoyar al gobierno y así asegurarse alguna embajada, ministerio o pasar a integrar la lista de delfines del Presidente. Si el Procurador puede pasar del Ministerio Público a la Presidencia, tal vez no sea mala idea usar el púlpito de tan poderoso cargo para congraciarse con la oposición y empezar a hacer campaña. El diseño constitucional falla porque permite que juristas con aspiraciones políticas lleguen a estos puestos. Si los procuradores y fiscales salientes tuvieran una inhabilidad de ocho años para pasar al Legislativo o al Ejecutivo, los cargos serían menos atractivos para los políticos. Y ¿por qué no?, de pronto hasta veríamos listas con candidatos de bajo perfil y alto rigor intelectual, más interesados en la justicia que en los micrófonos y las cámaras.
En un país donde toda la clase política quiere y cree que puede ser presidente es importante que las altas cortes, los organismos de control y la Fiscalía no sean caminos viables para nuestros numerosos e ilustres presidenciables. Existen amplias oportunidades en el Ejecutivo, Legislativo y en el sector privado para exaltar sus capacidades. La justicia tiene que ser política, pero no puede estar llena de políticos dedicados a la politiquería.
Pablo Echeverri Montoya
* Abogado e investigador de la facultad de derecho de la Universidad de Berkeley, California, con pregrado en ciencia política de la Universidad de Pennsylvania.
